IP: freno a energía verde aleja inversión y violenta la ley

Empresarios e industriales del país manifestaron su rotundo rechazo a la decisión del Gobierno federal, concretamente de la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de emitir un ordenamiento que impide la inversión nacional y extranjera en proyectos de generación de energías renovables.
Por ello, demandaron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con las leyes mexicanas y los compromisos ratificados en el T-MEC, pues además, se indicó que empresas generadoras afectadas por estas disposiciones han recurrido ya al amparo, y probablemente otras harán lo propio en los próximos días.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) enfatizó en que se deben cuidar los más de 30 mil empleos que genera la energía verde.
Señaló que el Acuerdo que la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo de 2020, constituye una acción ilegal de no ser reconsiderada por el Gobierno Federal, ahuyentará importantes inversiones en el país, al tiempo que ocasionará que los interesados acudan a tribunales nacionales e internacionales para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano.
Asimismo, indicó que la norma emitida agrava la falta de certidumbre jurídica para invertir en el sector energético de México, debido a que su publicación se hizo de forma irregular, dado que se inició un proceso por parte de la Sener, eludiendo el requisito de revisar comentarios y aguardar el al menos 20 días hábiles.
Ello, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), para iniciar el proceso de Mejora Regulatoria ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) que permitiera recibir y atender las participaciones de los privados afectados y otros grupos con interés. “Al no cumplirse la norma, el propio Gobierno Federal violenta el Estado de Derecho”.
Destacó que dicho Acuerdo desatiende las obligaciones adquiridas por el Estado Mexicano en diversos acuerdos comerciales con la Unión Europea y Norteamérica, y de forma específica, el T-MEC, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de julio de 2020.
Es por ello que “de no enmendarse la ilegalidad, es previsible que los inversionistas internacionales y domésticos recurran a los mecanismos legales para defender sus intereses”.
La Coparmex y la Concamin (Confederación de Cámaras Industriales) señalaron que el 29 de abril pasado, fue el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que intentó publicar el “Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del Reconocimiento de la Epidemia de Enfermedad por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, que impedía a las centrales nuevas realizar las pruebas pre operativas necesarias para su puesta en marcha. Este Acuerdo, recibió un amplio rechazo público y no cumplía con los requisitos legales.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió su opinión técnica, señalando que el Acuerdo desplaza a los generadores de electricidad más eficientes y podría favorecer a las plantas generadoras convencionales, en su mayoría de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que son altamente contaminantes, lo que es contrario a la Ley de la Industria Eléctrica.