IP: límite a energía afecta legalidad y competencia

Piden investigar el acuerdo y revocarlo en forma inmediata 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó a revocar el Acuerdo de Política de Confiabilidad en el sector eléctrico, “que ilegalmente impuso la Secretaría de Energía (Sener), pues atenta contra la legalidad, certeza jurídica y libre competencia económica del sector energético del país”.

“La medida, que ha entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, autoridades, representaciones diplomáticas y participantes de la industria, atropella derechos de los participantes en el sector eléctrico nacional”, afirmó.

Por ello, llamó a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el Acuerdo y revocarlo de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Sener.

El sector privado advirtió que agotará los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender al sector energético mexicano como motor de desarrollo del país.

Indicó que el Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación, es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano.

A través de este instrumento, la Sener usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia, afirmó el CCE.

Aseguró que ese Acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos, representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos.

Además, agregó, se pierde la confianza de inversionistas y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares.

El organismo empresarial, que dirige Carlos Salazar Lomelín, indicó que la medida no sólo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado.

En el mismo tono fue la postura de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), organismo que explicó en un comunicado que, derivado de lo anterior, “algunas de las empresas generadoras afectadas por estas disposiciones han recurrido ya al amparo” y probablemente otras harán lo propio en los próximos días

Además, “no se descarta la posibilidad de recurrir a arbitrajes internacionales de inversión”.

El organismo industrial dijo que estas acciones “impactan negativamente la imagen internacional de México como país destino de inversiones”, ya que incrementan sensiblemente el riesgo regulatorio que, junto con una creciente precariedad económica y financiera, reduce el atractivo del país frente a otros como destino de inversión.

El sábado, el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Energía, señaló en un comunicado que uno de los principales beneficios de la citada política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) “es garantizar un ordenamiento eficaz”.

Precisó que en el caso de energías intermitentes “se deben incorporar mediante la intervención y apoyo necesario de centrales que tengan disponibilidad total y proporcionen reserva de planeación y operativa, así como servicios conexos que hagan viable su funcionamiento”.