Al concluir la primera jornada de audiencias públicas en el Senado de la República sobre la reforma a la Ley de Amparo, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, afirmó que la iniciativa tendrá ajustes, pero confirmó que su aprobación se mantiene prevista para esta misma semana.

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“Es inevitable que tenga ajustes esta iniciativa. Hay que decirlo con toda claridad. Tenemos que hacer ajustes para que salga realmente una iniciativa muy robusta, porque además las propuestas tienden a fortalecer y clarificar redacciones”, señaló, al indicar que si el dictamen recoge consensos, podrá votarse el miércoles en el Pleno, como estaba programado desde el inicio.

Corral Jurado explicó que en la primera jornada participaron 20 ponentes que expusieron puntos de vista diversos, en los que se ponderaron avances y riesgos y que, lejos de ser un ejercicio para descalificar la propuesta, el encuentro permitió identificar los temas más delicados: el interés legítimo, la suspensión de actos reclamados y el cumplimiento de sentencias.

En su opinión, el reto será mantener la esencia del amparo como instrumento de defensa frente al poder y, al mismo tiempo, corregir posibles distorsiones que podrían limitarlo.

Durante el ejercicio de discusión, uno de los asuntos que concentró mayor atención fue la definición del interés legítimo, por lo que Corral insistió en que debe cuidarse la redacción para no restringir los derechos colectivos ni los intereses difusos, pues ese no es el objetivo de la reforma.

Recordó que incluso se planteó que la ley reconozca expresamente el carácter individual y colectivo de esta figura, lo que permitiría reforzarla en lugar de reducir su alcance. Subrayó que “no está en el ánimo de la presidenta de México limitar derechos colectivos o dejar de reconocerlos por la vía del amparo”, por lo que el Senado tiene el deber de reflejar con claridad esa intención.

En la sesión también participaron Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos; Nora Ruvalcaba y Alejandra Barrales Magdaleno, integrantes de la Comisión de Justicia; así como Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Luis Alfonso Silva Romo. Todos coincidieron en la necesidad de que la reforma conserve el carácter protector del amparo y que los señalamientos de los especialistas sean incorporados al dictamen.

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La posición compartida fue que no debe aprobarse una reforma que, en un contexto de transición del Poder Judicial, imponga cargas excesivas o debilite los mecanismos de protección de la ciudadanía.

Entre las principales coincidencias destacó la crítica a los plazos procesales rígidos. El exmagistrado de circuito Francisco Javier Sandoval López advirtió que establecer un término de 60 días para resolver los juicios de amparo resultaría inviable y podría derivar en resoluciones apresuradas. Afirmó que antes de imponer nuevos tiempos es necesario evaluar la capacidad operativa y presupuestaria de los tribunales, pues la justicia no puede garantizarse a costa de reducir su calidad.

Juristas y académicos sumaron otro señalamiento al subrayar que la propuesta desvirtúa el interés legítimo al restringir su aplicación en casos colectivos, lo que representaría un retroceso respecto a los avances logrados por la Suprema Corte desde 2014.

Recordaron que este concepto ha sido clave para abrir la vía del amparo en defensa de derechos difusos y colectivos en casos de medio ambiente, comunidades desplazadas, desapariciones forzadas y protección de la niñez. Dejarlo fuera, advirtieron, sería cerrar una puerta que la jurisprudencia había logrado consolidar.

Desde la práctica litigiosa, la abogada Makawi Estanislao Díaz advirtió sobre el riesgo de eliminar la recusación como figura procesal. Explicó que se trata de un mecanismo indispensable para garantizar la imparcialidad de los jueces y que su desaparición significaría un retroceso en los derechos de quienes acuden al amparo como última defensa frente a actos de autoridad.

A lo largo de la jornada, las intervenciones fueron marcando una coincidencia central en el sentido de que el juicio de amparo requiere actualizarse, pero sin perder su carácter histórico como herramienta de defensa ciudadana.

Tanto legisladores como especialistas advirtieron que la iniciativa, en los términos en que fue presentada, no puede aprobarse, y subrayaron la necesidad de introducir ajustes que garanticen procesos más ágiles sin debilitar la tutela de los derechos.