Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una delegación de jueces, magistrados, activistas y juristas acusaron que en México se impulsa una reforma judicial que atenta contra la independencia judicial, destituye a miles de funcionarios judiciales y atenta contra derechos humanos.

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La presidenta de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación, Juana Fuentes, aseguró que la independencia judicial en México enfrenta un ataque sin precedentes, se trastoca el equilibrio de poderes y con ello, los derechos fundamentales de todas las personas.

La CIDH celebró una audiencia pública para analizar la reforma judicial en México, a petición de los propios juzgadores mexicanos, donde como representantes del gobierno mexicano estuvieron José Antonio Montero Solano, director general de consulta y estudios constitucionales de la Consejería Jurídica del poder Ejecutivo federal y Luz Elena Baños Rivas, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Luego de la audiencia, la CIDH analizará las argumentaciones de ambas partes y podría emitir recomendaciones específicas sobre la reforma y medidas de protección para los integrantes del poder Judicial federal.

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Montero Solano aseguró ante la Comisión que el 5 de noviembre con la decisión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se confirmó la validez de la reforma judicial y sentenció que es inviable jurídicamente someter a control una reforma y que hay conflicto de interés con los actuales juzgadores federales.

Asimismo, sentenció que hasta el día de hoy no existe ”ninguna violación a los derechos humanos, y las acusaciones en ese sentido son solo especulaciones, mientras que el paro de trabajadores del poder Judicial, que duró más de dos meses, es desobedecer el mandato popular que se dio en las urnas en las elecciones del pasado 2 de junio.