Cuando parecía que Julio César ’N’ había dado el mejor golpe en su batalla legal al obtener su libertad condicional, la Fiscalía General de la República (FGR) le ha devuelto un peligroso revés. La FGR interpuso un recurso de impugnación contra la decisión de un juez que permitió al excampeón mundial de boxeo seguir con su juicio fuera de prisión, mientras enfrenta procesos penales por delincuencia organizada y tráfico de armas, además de presuntas conexiones con el Cártel de Sinaloa.

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La acción legal de la Fiscalía busca revocar la medida que permitió al hijo del legendario pugilista mexicano salir de la cárcel bajo fianza el pasado 23 de agosto, tras ser vinculado a proceso por un juez de Hermosillo, Sonora.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) fundamenta su impugnación en la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga. Ahora, un Tribunal Colegiado será el encargado de revisar el caso y determinar si ‘El Junior’ debe regresar a prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica.

De todas formas, el juez federal de Hermosillo, Sonora, vinculó a proceso a Chávez Jr. por su presunta incorporación a la delincuencia organizada. En dicha resolución, el juez Enrique Hernández Miranda determinó que las pruebas presentadas por la FGR sustentan la acusación de que el boxeador habría actuado como “golpeador” para Ovidio Guzmán López. No obstante, el juez precisó que no se le imputan funciones de dirección o administración dentro del Cártel de Sinaloa.

El exboxeador fue detenido el 2 de julio en Estados Unidos, casi inmediatamente después de su combate contra el youtuber Jake Paul en Anaheim, California. Tras ser deportado a México el 18 de agosto, quedó bajo custodia de las autoridades mexicanas debido a una orden de aprehensión emitida en su contra desde 2023.

La resolución del Tribunal Colegiado será determinante para el futuro del boxeador, ya que los delitos que se le imputan contemplan penas de prisión prolongadas. El fallo también tendrá repercusiones simbólicas en la lucha contra el crimen organizado en México, particularmente en lo referente a la supuesta infiltración de figuras públicas en redes delictivas.