BLANCA LILIA IBARRA CADENA
En un Estado constitucional, la existencia de normas, políticas y mecanismos de garantía para el ejercicio efectivo de la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana, son elementos imprescindibles para que nuestras autoridades centren su actuar en la búsqueda del bienestar colectivo.
Considerarlas en los procesos de conformación de las leyes y en la impartición de justicia, es vital para abrir mecanismos que permitan establecer diálogos horizontales con las autoridades encargadas de garantizar su ejercicio, recuperar la confianza en ellas e incidir en sus deliberaciones, pues sólo acercando estos procesos a la sociedad lograremos traducir las necesidades reales de las personas y articular acciones concretas para resolver problemáticas.
En ese sentido, el Parlamento Abierto y la Justicia Abierta, son pilares para garantizar dos derechos fundamentales de la democracia deliberativa: el de acceso a la información y el de acceso a la justicia.
En materia parlamentaria, el papel de las y los legisladores no puede entenderse sin el reconocimiento del Parlamento Abierto, cuyos avances en los Congresos, se deben al involucramiento social activo en la integración y estructuración de los cuerpos normativos.
Por lo que respecta a la garantía del derecho de acceso a la justicia, ésta ha evolucionado con la obligación de transparentar el ejercicio de sus funciones y sus decisiones, promoviendo el desarrollo de un modelo de justicia abierta encaminado a generar sistemas judiciales más justos, en donde se respete el equilibrio de derechos y el cumplimiento de los principios constitucionales.
En un contexto de desconfianza ciudadana en sus instituciones, se vuelve relevante reflexionar sobre las distintas posibilidades para integrar su participación, y generar apertura en los procesos que legitimen sus labores.
Por ejemplo, de acuerdo con la ENCIG 2021 del INEGI, el Congreso de la Unión es de las instituciones que menor percepción de confianza generan, con la opinión positiva del 34.3% de las personas encuestadas. Sin embargo, respecto al ejercicio 2019, hubo una mejora del 4.1%. Por su parte, jueces y magistrados se sitúan en un nivel de confianza superior, con 40.3%, mostrando, de la misma manera, un incremento estadístico significativo del 5.2%.
En esa tesitura, como una oportunidad para sumar a la deliberación, en el INAI llevaremos a cabo el Seminario de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto, un espacio para analizar los avances y dialogar, desde el enfoque de los poderes judicial y legislativo, además de la perspectiva necesaria e imprescindible de la sociedad civil y la academia, sobre las acciones que permitan afrontar los retos y desafíos en las materias.
Este Seminario, que tendrá lugar el 21 y 22 de noviembre en el INAI, contará con un panel, dos conferencias magistrales y cuatro mesas, en las que especialistas en las materias, compartirán sus reflexiones en torno a la justicia constitucional, el control del poder, las sentencias abiertas, entre otras.
Para asistir a las actividades pueden registrarse en: https://eventos.inai.org.mx/parlamentoabierto/, o bien, seguir la transmisión por el canal de YouTube del INAI.
En el INAI nos reiteramos aliados de la democracia deliberativa pues la transparencia y el ejercicio del derecho a saber son puentes de comunicación con la ciudadanía que promueven la construcción de una sociedad más justa, plural, abierta y participativa.
