Las noticias sobre la corrupción en México rara vez sorprenden, pero siempre indignan. La reciente orden de aprehensión contra Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, por el desvío de más de cinco mil millones de pesos, revivió el debate sobre la impunidad de la clase política.Y el contexto en el que ocurre su caso no es casualidad.
Llega justo cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum entrega 29 narcotraficantes a Estados Unidos, mientras la amenaza de Donald Trump sobre intervenir en México sigue latente. Coincidencia o no, el mensaje no deja dudas: alguien tenía que caer.
DEL BANQUITO AL BANQUILLO
Silvano Aureoles no es ninguna víctima. Su paso por el gobierno de Michoacán estuvo marcado por desfalcos multimillonarios, contratos opacos y un desastre financiero que hundió al estado. Sus propios policías denunciaron que los cuarteles que construyó con sobreprecio estaban en ruinas.
En 2021, Aureoles intentó desmarcarse de su propia historia. Se plantó afuera de Palacio Nacional, esperando ser recibido por López Obrador, su aliado en 2012. Quería entregar supuestas pruebas de que el crimen organizado decidió la elección de Michoacán. No lo dejaron entrar. Lo ignoraron.
Se convirtió en un símbolo de cuando la política se queda sin padrinos. Y ahora, le cobran la factura.
CUENTAS POR PAGAR
La versión inicial indicaba que Aureoles había sido detenido en Zapopan, Jalisco, por agentes de la Fiscalía General de la República. La noticia corrió como pólvora: su gobierno tenía un boquete de 5 mil millones de pesos en cuentas sin aclarar.
Los primeros en caer: Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo y Elizabeth Billegas, exdelegado de Finanzas y exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad, y Antonio Bernal, exsecretario de Seguridad Pública.
La FGR desmintió después la captura de Aureoles, pero está prófugo. Sin embargo, el mensaje ya estaba enviado: es un hombre marcado.
Sus aliados reaccionaron de inmediato. Jesús Zambrano, exlíder del PRD, calificó la detención como una estrategia para desviar la atención de las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos.
“Atrapan a los opositores y a ver si así olvidamos a los verdaderos narcogobernadores”, dijo. Su hermano, el senador Antonio García Conejo, lo respaldó: “Llevan años persiguiéndolo y no han probado nada”.
Pero hay un problema con esta defensa: nadie en México se sorprende de que un exgobernador haya saqueado las arcas de su estado. La pregunta es otra: ¿por qué solo él?
CORRUPCIÓN SIN COLORES
Silvano Aureoles tiene cuentas pendientes y debe responder por ellas. Pero también deberían responder otros exgobernadores del partido en el poder.
Algunos casos: Rutilio Escandón (Chiapas), señalado por su sucesor de corrupción y nexos con grupos criminales en municipios del sur. Cuitláhuac García (Veracruz), con anomalías en más de 3 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación en 2023. Adán Augusto López (Tabasco), bajo la sombra de haber protegido a Hernán Bermúdez Requena, alias Comandante H, su exjefe de Seguridad ligado al crimen organizado. Cuauhtémoc Blanco (Morelos), con cuatro denuncias en su contra por corrupción y vínculos con el narco.
Si la justicia en México no fuera selectiva, habría más órdenes de aprehensión en camino. Pero hasta ahora, el mensaje es otro: si no eres del partido correcto, te toca pagar la cuenta.
Aureoles enfrenta un panorama complicado. Con o sin detención, está políticamente muerto. Claro, a menos que se afilie a Morena y la libre como Yunes Márquez. No obstante, si la lucha contra la corrupción fuera real, no habría colores ni partidos. Pero, por ahora, es más un ajuste de cuentas que un acto de justicia.
