En pocos días ocurrieron tres casos que prenden alertas sobre la privacidad y la libertad de expresión. Los expedientes involucran a una funcionaria, a un activista y a un periodista.
En cada uno se usaron instrumentos legales diseñados para proteger derechos a fin de sancionar opiniones, mensajes privados o publicaciones periodísticas.
MENSAJES PRIVADOS
El primer caso ocurrió en Sinaloa. Emma María Zermeño López, activista y funcionaria de la Secretaría de las Mujeres, fue denunciada en un procedimiento electoral por violencia política contra las mujeres por razón de género.
La resolución llegó hasta la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tribunal ordenó revisar nuevamente el caso y considerar la existencia de la infracción.
El punto que generó mayor preocupación fue el uso de conversaciones privadas de WhatsApp como prueba. En el expediente aparecen fragmentos de mensajes enviados en chats donde la denunciante no participaba directamente.
El tribunal consideró que esas expresiones podían relacionarse con estereotipos sobre orientación sexual y hostigamiento político. Con ese criterio, las conversaciones privadas pasaron a formar parte del análisis judicial.
El caso todavía continúa en proceso, pero el precedente deja una señal preocupante. Mensajes enviados en espacios privados pueden terminar evaluados por tribunales, incluso si no están relacionados directamente con lo que se denuncia.
SANCIÓN POR INFORMAR
El segundo expediente surgió en Chihuahua y está vinculado con la elección judicial. El activista Miguel Alfonso Meza publicó información sobre una candidata a jueza que había participado como abogada de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
El Tribunal Estatal Electoral resolvió inicialmente que no existía violencia política de género. Sin embargo, la Sala Regional Guadalajara revisó el caso y ordenó un nuevo análisis con perspectiva de género.
El proceso sigue abierto, pero el debate ya se instaló. El señalamiento publicado por Meza se refería a antecedentes profesionales de una aspirante a un cargo judicial, un tema que forma parte del debate público durante las elecciones.
Sin embargo, la decisión de la Sala Regional señaló que ese tipo de expresiones puede analizarse dentro del marco de violencia política contra las mujeres. Por ello se ordenaron disculpas públicas y la eliminación de las menciones sobre la abogada.
CASTIGAR EL PERIODISMO
El tercer episodio involucra al periodista Ignacio Gómez Villaseñor, quien enfrenta una acción legal promovida por un hombre sentenciado por homicidio.
La queja sostiene que informar sobre ese crimen provocó daño a sus sentimientos. El señalamiento se dirige contra las publicaciones de Villaseñor que documentaron el caso en apoyo a la familia de la víctima.
La situación abre un frente donde la cobertura de delitos y sentencias, que forma parte del trabajo cotidiano del periodismo, está bajo la mira.
Porque si esa información se convierte en motivo de demandas, el efecto inmediato es el aumento de litigios contra periodistas por reportar hechos judiciales.
TRES CASOS, UNA TENDENCIA
Los tres expedientes usan vías legales reconocidas por la ley. Sin embargo, la Constitución mexicana reconoce la libertad de expresión y también la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
Aun así, nuestras conversaciones privadas pueden llegar a tribunales, publicaciones sobre candidaturas pueden convertirse en expedientes sancionadores y reportajes sobre delitos pueden terminar en litigios.
Estos casos aparecieron en cuestión de días. Por ello surge un temor legítimo a la hora de ejercer derechos básicos como investigar, opinar o informar.
EL DATO INCÓMODO
El aumento del petróleo tiene doble filo para México, según BBVA. Si el crudo sube, el gobierno podría ganar hasta 53 mil millones de pesos extra. Pero también perdería 38 mil millones en impuestos a la gasolina para evitar aumentos al público.
