La causa es noble: buscar a los desaparecidos. El problema es el método: darle al gobierno acceso ilimitado a la vida de todos, sin filtros, sin jueces, sin límites. Y esta vez no es un proyecto futuro. Es una iniciativa presidencial con nombre, apellidos… y dientes afilados.

Hace unos días, Claudia Sheinbaum presentó una reforma para mejorar la búsqueda de personas desaparecidas. El proyecto promete justicia, pero lo que hay es vigilancia extrema.

PRIVACIDAD

La propuesta incluye una Plataforma Única de Identidad que convierte la CURP en una credencial oficial con foto y huellas dactilares.

A partir de su aprobación, todas las instituciones públicas y privadas -bancos, universidades, hospitales, iglesias y hasta Google- estarían obligadas a entregar sus bases de datos a las autoridades federales, sin orden judicial, según reportó Leticia Robles en Excélsior.

¿Suena extremo? Lo es. La Presidenta propone que las autoridades tengan acceso en tiempo real a todos estos datos “para búsqueda”. Pero la redacción es tan amplia, y el acceso tan inmediato, que especialistas ya alertan sobre los riesgos.

Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), lo resumió en una frase demoledora para Animal Político: “Es absolutamente desproporcionado y una amenaza gravísima para la privacidad“. Porque una cosa es colaborar. Y otra, muy distinta, es abrir todas las puertas sin saber quién entra.

Además, no se necesitaría autorización judicial para que las autoridades federales requieran imágenes satelitales, datos de geolocalización o registros médicos. Todo se puede solicitar. Todo se puede usar.

¿Y si alguien se niega a entregar la información? Multas millonarias. Así lo establece el proyecto, en caso de “obstrucción”.

LA OBSESIÓN

Esto no es nuevo. Desde 1996, con la CURP, los gobiernos han intentado crear bases centralizadas de identidad. En 2020, bajo López Obrador, se buscó crear la Cédula Única de Identidad Digital, impulsada por Segob. Incluía foto, datos biométricos y se presentó como una solución para mejorar políticas públicas. Pero organizaciones como Access Now, Privacy International y R3D advirtieron los riesgos de vigilancia masiva, filtraciones y uso indebido.

Hoy, ese plan parece haberse reactivado con más fuerza y menos vigilancia. Porque desde marzo de 2025, el Inai -el órgano autónomo que protegía nuestros datos personales- fue disuelto por el propio Congreso dominado por Morena. Sus funciones pasaron al gobierno federal. Es decir, no tenemos quién nos defienda.

¿Pero realmente esto ayuda a encontrar a los desaparecidos? Colectivos y organizaciones dicen que no. Que lo urgente es fortalecer fiscalías, mejorar las bases forenses, escuchar a las familias, no montar un sistema de vigilancia generalizado con el pretexto de ayudar.

Y hay otra pregunta incómoda: ¿por qué justo ahora se reactiva este esfuerzo? ¿Tiene que ver con la reciente petición del gobierno de Estados Unidos para compartir datos biométricos de la población mexicana? En una conferencia mañanera, Sheinbaum dijo que ese acuerdo no se firmó “porque no tenemos los datos”. ¿Ahora los vamos a tener?

No es paranoia. Es historia. El gobierno mexicano ha mostrado, una y otra vez, que no sabe resguardar nuestras bases de datos. Ya tuvimos megabases en venta en tianguis. Y si hoy la filtración viene por negligencia, mañana podría venir por colusión. R3D lo advierte: si algunas autoridades están infiltradas por el crimen organizado, este acceso puede terminar en las manos equivocadas.

El motivo es válido. La causa es legítima. Pero el modelo es peligroso. La justicia no se construye vigilando a todos. Se construye garantizando derechos.

Porque lo que empieza como “solo por seguridad”, termina como vigilancia total. Y eso, en un país sin contrapesos, es un gran riesgo.