ONU adelanta posible desaparición de 21 hombres y dos mujeres a manos de presuntos elementos de “una fuerza de seguridad federal”

El Gobierno Mexicano señala que la probable comisión de delitos o la respuesta de la autoridad a la inseguridad pública no puede hacerse al margen de la Ley y menos aún, cometiendo en sí misma actos criminales.

De ahí que el Estado legitima su actuación porque emana de lo que la Constitución General de la República le obliga y permite hacer, “reiterando que esta convicción se hace sin prejuzgar sobre las identidades de los autores materiales de los delitos señalados en el informe”.

Lo anterior, luego de que un informe extraoficial del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, señala la posible desaparición de 21 hombres y dos mujeres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en este año, a manos, presumiblemente, de integrantes de una fuerza de seguridad federal, de la que no se especifica.

Ante esta situación, el Gobierno federal sostuvo que, aun sin tener conocimiento oficial del documento, ya envía a funcionarios a la entidad; ha abierto una carpeta de investigación sobre este caso.

Mientras que la Cancillería mexicana ya solicitó una reunión urgente con representantes de esa oficina de Naciones Unidas para conocer con exactitud el contenido del mencionado informe.

Se informó que el Gobierno de México tuvo conocimiento por diversos medios de comunicación internacionales, desde Ginebra, Suiza, que en la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se había elaborado un informe.

Dicho documento señala, que según testimonios, la posible desaparición de 21 hombres y dos mujeres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, del mes de febrero al 16 de mayo del 2018, y por la cual según esos dichos habrían sido privados de la libertad por miembros de una fuerza de seguridad federal (que no se especifica en el comunicado), sin que al día de hoy se conozca su paradero.

En un comunicado conjunto de la Procuraduría General de la República y las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, se dijo que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid bin Ra´ad Al Hussein, llamó a las autoridades mexicanas para implementar medidas urgentes al respecto en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Por lo anterior, el Gobierno de México sostuvo que cualquier información “sea oficial o no que emiten organismos internacionales que tiene que ver con nuestro país, se les valora con absoluta seriedad y respeto”; se toman medidas inmediatas al respecto, sin prejuzgar sobre las conclusiones que por vía testimonial ha emitido el organismo internacional.

En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que desde hace una semana, al tener conocimiento verbal por parte de la oficina del Alto Comisionado de la ONU de estos hechos a la Delegación de esa institución en Tamaulipas, abrió de inmediato una Carpeta de Investigación que permita bajo el marco legal de nuestro país conocer, investigar y, si es el caso, proceder jurídicamente contra quienes hubiesen podido cometer delitos, en particular privaciones ilegales de la libertad sobre persona alguna.

Asimismo, se indicó que en esa condición es que se ha tenido conocimiento del informe que se ha rendido a medios de comunicación el día de hoy –ayer miércoles-, y se procederá, al margen de conocer su contenido oficialmente, ante la posible constitución de hechos delictivos.

En el comunicado conjunto, se dijo que del mismo modo, por parte de la Secretaría de Gobernación, se trasladará a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, el Comisionado Nacional de Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera Alfaro, y personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Institución.

Ello, puntualizó, para que in situ, platique con familiares y personas que puedan aportar elementos para conocer la veracidad de esta información, dar protección y seguridad si así lo requieren los testigos, y poder ayudar, en su caso, de manera pronta a las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República.

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