DR. EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ
La contundente victoria jurídica de la ministra Yazmin Esquivel ha sido sobre la pretensión de usar la institucionalidad académica como ariete al servicio de intereses políticos. La derrota es de la insidia disfrazadas de principios éticos. Parafraseando a Aristóteles diría con una matización: soy amigo de Yasmin Esquivel, pero soy aún más amigo de mi Universidad, de la justicia y del Estado de Derecho. Por eso desde el principio intervine en este desdichado episodio en el que se lanzó un injusto y políticamente interesado ataque contra la Ministra Esquivel, en defensa de ella pero también de la UNAM —de la que tuve el honor de ser Abogado General— y de los más altos valores jurídicos. Desgraciadamente, aquella y estos han resentido un daño colateral y caído víctimas del inexplicable ensañamiento personal contra una de las más brillantes egresadas universitarias, cuya ameritada carrera profesional debería ser objeto de admiración y reconocimiento, en lugar de las acusaciones y descalificaciones prejuiciadas e infundadas de que ha sido objeto.
Algunas autoridades universitarias insistieron en someterla a un procedimiento sancionador
absolutamente viciado que viola flagrantemente sus derechos humanos al transgredir todas las formalidades esenciales del procedimiento que la Constitución nos garantiza a todos, incluso a las Ministras. En la legislación universitaria no había ninguna regulación aplicable y el juicio en en su contra se inició inquisitorialmente sin que existiera parte acusadora. Se abrió a partir de una imputación que cuestionaba la autoría de su tesis profesional, realizada sin sustento jurídico sólido a través de un sitio de Internet. El procedimiento se sustanció por un comité carente de facultades para resolver en materia de autoría intelectual, constituido muchos años después de ocurridos los hechos que pretende juzgar e integrado por personas mayoritariamente ajenas a los conocimientos jurídicos indispensables para resolver un conflicto de esta naturaleza.
Por eso la Ministra recurrió con todo derecho a las autoridades judiciales que sí están
jurídicamente facultadas para conocer de estos asuntos y solicitó oportunamente las medidas legalmente previstas a favor de todo gobernado a fin de evitar ser víctima de un injustificado atropello por parte de una autoridad. Se ha criticado que se quiere “callar” a la UNAM, sin comprender que precisamente el objeto de toda suspensión es impedir que se cause un daño a quien la solicita. En este caso: la emisión pública de un veredicto sin base jurídica, resultado de un procedimiento ilegal y sesgado en contra de la Ministra. Tal sesgo se evidencia con las declaraciones de autoridades universitarias realizadas incluso antes del inicio del proceso, las cuales auguraban un irreparable daño al honor de la indebidamente enjuiciada, el cual por cierto ya había sido mellado sin razón por las referidas declaraciones que implicaban una anticipada condena.
Sostengo que la UNAM no es la parte vencida en el juicio que reconoció la autoría original de la Ministra sobre su tesis, lo que necesariamente deja sin materia el procedimiento iniciado por el CUÉTICA. Ello porque pretender que actuara como parte contra la Ministra muestra la parcialidad de su área jurídica, pues siendo la autoridad que pretende juzgarla en el plano supuestamente académico, no podría instalarse como parte contra ella en el el juicio promovido contra aquel a quien se atribuía indebidamente la autoría. Si la autoridad universitaria se asume vencida es porque no ha sido capaz de comprender la dimensión del brete en que pone a la UNAM en su intención de desconocer una sentencia con autoridad de cosa juzgada.
El empecinamiento en desprestigiar a la Ministra a toda costa, llega al extremo de que el
Abogado General incurra en despropósitos jurídicos monumentales como decir que los alcances de la sentencia no obligan a la UNAM. Respeto personalmente a mi sucesor en el cargo, pero no tanto profesionalmente. El representante jurídico de nuestra Alma Mater debe procurar ser un modelo de conocimientos y de integridad ética al interpretar y aplicar el Derecho. Es inconcebible que dicho abogado desconozca el valor de las sentencias judiciales. Si evidentemente su postura no puede ser fruto de la ignorancia, solo una mala intención podría explicar su afirmación de que dado que la UNAM no fue parte, no está obligada por esa resolución jurisdiccional. No se necesita ser experto en derecho para comprender el valor de las sentencias firmes. Imagínese usted el caso de un juez que emite una sentencia de divorcio ¿podría el IMSS decir que como no ha sido parte de ese juicio no tiene por qué reconocer lo resuelto y que por tanto para él subsisten los efectos jurídicos del vínculo conyugal? A mis alumnos, en tono jocoso, he puesto una explicación más comprensible y gráfica: en una pelea de boxeo por un campeonato mundial, el combate es entre dos, pero la proclamación como campeón del vencedor tiene valor universal.
@DEduardoAndrade
