ANGÉLICA DE LA PEÑA
Poco a poco se fue logrando la presencia de mujeres en las candidaturas gracias a la cuota obligatoria; hasta que finalmente se concretó la paridad en todo, que exigió a los partidos políticos el registro de fórmulas de mujeres. Por desgracia, también se fue configurando diversas argucias para impedir o deslegitimar este derecho constitucional.
Las trampas para impedir la paridad son más descaradas en los pueblos con usos y costumbres indígenas. El caso más reciente es el que perpetraron en el Congreso de Oaxaca al modificar el transitorio tercero de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que en honor a la verdad, ya era demeritorio cuando fue aprobado en mayo de 2020, porque establecía una especie de vacatio legis, al señalar que “respecto de la paridad en sistemas normativos internos o indígenas, ésta será gradual, logrando su cabal cumplimiento en el año 2023”. Pero esa gradualidad acaba de ser derogada, y se deja en la indefinición el cumplimiento de la paridad establecida en la Constitución y en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.
Los partidos políticos en Oaxaca seguramente no cumplirán, y no habrá norma que los sancione. Este Congreso que decidió darse tres años para cumplir con la paridad, hoy se muestra tal cual es, porque es dominado por personas que no simpatizan con que las mujeres gocen de sus derechos políticos y electorales en las mismas condiciones de igualdad, que los señores.
Pero es inevitable cuestionarnos: ¿porqué son las diputadas las que presentaron esta reforma al tercero transitorio del decreto 1511 para dejar en la indefensión a las mujeres indígenas? En un estado con 570 municipios de los cuales 417 se rigen por Sistemas Normativos Indígenas, y sólo el 5% de esos municipios son encabezados por mujeres.
La respuesta es contundente: los caciques siguen gozando de cabal salud. Siguen decidiendo que si y qué no pasa en la vida pública -y privada- de sus territorios. La Constitución Política y su artículo 2º es letra muerta y no les hace ni una cosquilla. Ahí se hace lo que ellos deciden; e incluso mandan a mujeres a que perpetren esta violación a la Carta Magna desde el congreso local.
Apenas unas semanas atrás la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca señalaron su preocupación por la falta de políticas a favor de sus derechos colectivos y las enormes dificultades que enfrentan en sus comunidades para ser reconocidas como sujetas de plenos derechos. Destaco su consigna: “Que nunca más, nadie hable por nosotras”, que resulta ser una voz que se pierde porque donde viven -o sobreviven- sólo el machismo patriarcal decide; ahí no hay principio por persona, ni progresividad, tampoco buena fe, mucho menos justicia; lo que hay es irrespeto a los derechos humanos y discriminación; la igualdad de derechos, la libre de determinación y respeto de la diversidad cultural es puro romanticismo en una ley que a los machistas les vale un comino.
Lo que acontece en Oaxaca es la norma común en todos los pueblos donde los usos y costumbres están por encima de la ley; no hay autoridad que proteja y garantice los derechos de las niñas y mujeres indígenas. Por eso, mi sororidad con las mujeres oaxaqueñas que siguen batallando contra un sistema patriarcal cuyos personeros siguen, por cierto, ganando las elecciones.
Defensora de derechos humanos
