En la conferencia mañanera en Palacio Nacional se habló de Inés Gómez Mont y su pareja, hoy en Estados Unidos: “Hay una concesión y ratificación de un amparo para eliminar a dos personas de la lista de personas bloqueadas. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la sentencia del 29 de noviembre de 2023, emitida por la jueza décima de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, que otorgó un amparo a la conductora y a Víctor Manuel Álvarez Puga, para que se les eliminara de a lista de personas bloqueadas”.

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En consecuencia, el pasado 4 de marzo, “en acatamiento a lo ordenado por la jueza, a UIF reanudó todos los servicios financieros de estas dos personas, por lo que el 10 de marzo siguiente el juzgado tuvo por cumplida la sentencia de amparo”.

Así lo informó durante el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, quien prosiguió: “La orden del poder Judicial le permitiera a estas personas hacer uso del sistema financiero sin ninguna restricción, a pesar de que el ministerio público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas”.

La lista de personas bloqueadas, explicó el funcionario, es una medida preventiva para suspender de inmediato que los recursos cuyo origen se presume de procedencia ilícita continúen siendo integrados en la economía nacional.

Es una medida de protección del sistema financiero. La UIF no realiza esos bloqueos, esos bloqueos los hacen las instituciones financieras por disposición de la UIF al incorporar a personas físicas y morales a la lista de personas bloqueadas”.

Esta conducta, aseguró Gómez, “no es rara, ya que, ocasionalmente, un acto de esta naturaleza se hace algo escandaloso”. En ese sentido, dijo que, del primero de diciembre de 2018 a marzo de 2025, se incluyeron en esta lista a 5 mil 904 personas físicas y mil 911 personas morales (empresas), en total, 7 mil 815 sujetos. Y se han desincorporado de la lista a 910 personas físicas y 360 morales. Hoy están en esa lista 4 mil 994 personas físicas y mil 551 morales.

Derivado de la incorporación de estas personas a la lista de bloqueados, detalló, los bancos han bloqueado 32 mil 500 millones de pesos, 569 millones de dólares y dos millones de euros.

En el caso de los amparos, la inmensa mayoría de los jueces los otorga, reprochó el funcionario: “Le permiten al amparado utilizar esos recursos, pero no salen de la lista de bloqueados.

Por la vía administrativa, esas personas exponen su situación en la UIF. Si ahí se considera que la persona bloqueada tiene razón, se dispone su eliminación de la lista. Si no es así, entonces esa persona tiene derecho a objetar la resolución en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuyo asunto se termina en el amparo en caso de no tener éxito en esta instancia”.

De esta manera, de esos 32 mil 500 mdp, por disposición judicial han sido desbloqueados 23 mil 576 mdp; por vía administrativa han sido desbloqueados 83 mil mdp, y por resolución de la UIF, el monto desbloqueado asciende a cinco mil mdp.

Reproche a jueces

“Cuando un juez federal da una suspensión de este tipo, el juicio de amparo aún no se realiza, está apenas por hacerse. Ahora ya están ordenando a la UIF que desincorpore de la lista solo con la suspensión provisional, ni siquiera con la suspensión definitiva, porque interpretaron una contradicción entre órganos judiciales en la Segunda Sala y resolvieron, simple y sencillamente, que la materia del amparo puede ser eliminada de un juicio de amparo, con tal de beneficiar a toda clase de personas que lavan dinero.

Esto no puede ser producto más que de estructuras de corrupción, pues nada de ese tamaño es gratuito en ninguna parte del mundo”, dijo el funcionario.

Una cosa sostuvo Gómez, “es el error judicial o la mala interpretación de las leyes que hacen los jueces, pero otra es que la inmensa mayoría de los jueces caminan por el mismo sendero (de corrupción).

Entonces, lo que se ha venido discutiendo en el Congreso y en el gobierno es la elaboración de algunas reformas que permitan fortalecer el sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y su persecución ante los tribunales como delito federal”.

Pablo Gómez enfatizó: “Somos un país con frontera con Estados Unidos y, por lo tanto, un país en donde más lavado de dinero puede haber. Somos un país con inmenso comercio con EU.

Somos un país con una gran concurrencia internacional, de todo tipo. Somos un país que tiene un problema con el narcotráfico y la delincuencia organizada que tenemos que combatir.

Estamos luchando contra la corrupción. México debe tener un nivel de la más alta calidad en el combate al lavado de dinero. Sin embargo, reprochó, “el poder Judicial se ha convertido en el elemento más contrario al desarrollo del Sistema de Inteligencia financiera de México. Eso no es justo”.

Caso Gómez Mont

Inés Gómez Mont y su compañero Álvarez Puga fueron acusados de cometer una serie de fraudes en el sistema de prisiones, detalló, “como falsas obras y con ello ganaron mucho dinero, de tal manera que la justicia los empezó a perseguir cuando las cosas cambiaron (a partir de 2018)”.

Entonces, explicó Gómez, “se mudaron a Estados Unidos y así han podido eludir la extradición a México hasta este momento. Esperamos que sean extraditados y enfrenten su responsabilidad ante los tribunales mexicanos. Por lo pronto, como medida preventiva, la UIF los sumó a la lista de personas bloqueadas. Sin embargo, en este momento pueden disponer de los recursos financieros. Hay cientos de personas que han hecho cosas semejantes y que son liberados por los jueces. Así estamos”.