La bancada del PAN en la Cámara de Diputados que la Ley de Hidrocarburos, que pretende la mayoría de Morena aprobar en fast track, reabre la puerta a las expropiaciones arbitrarias en México, por lo que la oposición buscará evitarlo.

El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, explicó que esta ley pretende pasar por encima del estado de derecho, deja en peligro constante la seguridad nacional y energética, ensombreciendo el buen clima a la inversión. Dijo que busca combatir al comercio ilegal de combustibles, pero es el pretexto más burdo para esconder la verdadera intención de la expropiación directa en este sector.

Explicó que la iniciativa presidencial llegó a San Lázaro el 23 de marzo y a partir de esa fecha Morena se apresuró a convocar a una mesa de discusión con expertos que no sirvió para la reflexión ni mucho menos para enriquecer el texto original, siguiendo la orden dictada por el otro poder de la Nación, para que, sin moverle una coma y de manera diligente se apresten a aprobarla sin más ante el pleno.

El documento establece que la Secretaría de Energía, o la Comisión Reguladora de Energía, podrán revocar a discrecionalidad los permisos de los particulares para la comercialización de hidrocarburos.

Además, altera la competencia y libre concurrencia de acuerdo con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Constitución. Pretende, amañadamente, acabar con la competencia para favorecer a Pemex en los casos que arbitrariamente alegue el gobierno un supuesto peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. Es decir, se convierten en juez y parte.

Y debido a la falta de infraestructura y capacidad de almacenamiento de petrolíferos en el país por culpa directa de este gobierno, pone en grave riesgo a los pequeños y medianos empresarios que no cuenten con la capacidad de almacenamiento, puesto que se les podrán revocar sus permisos, ya que tienen totalmente detenidos nuevos permisos de almacenamiento.

“Esta propuesta del presidente López Obrador tiene una concepción distorsionada e incurre en el error de ideologizar el papel de las empresas del Estado mexicano como Pemex, colocándolas por encima del interés de los mexicanos con la calidad de monopolios, cuyo mantenimiento nos costará muchos impuestos a esta y las siguientes generaciones de mexicanos.

Romero Hicks alertó que una seria amenaza con claras intenciones de decretar expropiaciones en materia energética, es la propuesta al artículo 59 bis que dice: La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, suspender los permisos expedidos en los términos establecidos en esta Ley, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.

Asimismo, la autoridad que haya emitido el permiso se hará cargo de la administración y operación del Permisionario, Para la continuidad en la operación de las actividades que ampare el permiso, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de los terceros. Al efecto, podrá utilizar al personal que el Permisionario venía utilizando, contratar a un nuevo operador o una combinación de los anteriores”.

Lo anterior, además de constituir una imposición de Petróleos Mexicanos como un monopolio en México, acarreará inconformidades legales de los ciudadanos afectados ante las instancias judiciales, abriéndose un capítulo más como el que tuvimos con la Reforma de la Industria Eléctrica, que se encuentra suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“En momentos como el actual, donde se requiere de la inversión para crear empleos y reactivar la economía el presidente López Obrador y su grupo mayoritario atentan contra los principios de legalidad, seguridad jurídica, y competencia económica”, precisó.