Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Obras Públicas que, en papel, suena a modernidad: una nueva plataforma digital, más eficiencia, más control… Pero si se mira con lupa, la historia no es tan limpia como la quieren pintar.

Parte de la reforma contempla eliminar CompraNet, el sistema que por casi tres décadas fue el registro de contrataciones públicas. En su lugar, se creará la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, una nueva herramienta que, según Morena y aliados, va a mejorar procesos y hará todo más claro.

Pero hay un problema: la historia de compras se va a borrar.

REGISTROS

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), esta reforma implica la desaparición de 2.6 millones de contratos por 9.9 billones de pesos que estaban almacenados en CompraNet.

Es decir, contratos de los sexenios de Calderón, Peña y López Obrador quedarían fuera del radar. Y lo peor: la nueva plataforma solo obliga a guardar información por cinco años. Pasado ese tiempo, se podrá borrar.

Leonardo Núñez, de MCCI, advirtió que esto repite el modelo del Tianguis Digital implementado por Claudia Sheinbaum en CDMX: “Hasta ahora no ha transparentado ni un solo contrato capitalino”.

A esto se le suma otro punto delicado: Pemex, CFE y el Ejército quedan exentos de cumplir con la ley. Así como lo lee. Las empresas públicas y las Fuerzas Armadas podrán hacer obras sin reglas claras, solo con un convenio entre entes públicos. Es decir, entre cuates.

En el debate, la diputada Claudia Domínguez (Morena) dijo que esto se hace por “transparencia” y para evitar que CompraNet se use como antes. Pero vale preguntarse: ¿no sería mejor mejorar el sistema en lugar de desaparecerlo con todo y los contratos?

Porque con todo y sus fallas, en CompraNet se encontraron datos clave para revelar escándalos como la estafa maestra. Si algo andaba mal, al menos se podía rastrear. Ahora, con cinco años de memoria, las irregularidades tendrán fecha de caducidad.

FACHADA

Pero lo que más preocupa no es solo lo que se borra, sino lo que se autoriza a ocultar. A partir de ahora, el Ejército podrá construir hospitales, aeropuertos, trenes… sin que sepamos a quién contrata, por cuánto ni cómo. Lo mismo Pemex. Lo mismo CFE. Lo mismo cualquiera que tenga 49% de “capacidad técnica” y quiera evitar licitar.

Y mientras tanto, usted, yo y cualquier ciudadano no podremos saber en qué se gasta nuestro dinero. La pregunta es: ¿vale la pena cambiar la ley si eso implica perder transparencia? ¿Queremos grandes obras sin saber quién las construye, cuánto cuestan y qué intereses hay detrás?

Esto no es solo para expertos o fiscalizadores. Esto es para cualquier mexicano que paga impuestos y quiere saber a dónde va ese dinero. Para los proveedores que ya no tendrán cancha pareja. Para los trabajadores que verán menos licitaciones abiertas y más contratos por dedazo.

Porque sin ojos que vean, hay manos que abusan. Y porque cuando la memoria institucional se borra, la impunidad encuentra terreno fértil.

La obra pública necesita velocidad, sí. Pero también necesita memoria, vigilancia y rendición de cuentas. Y eso no se logra borrando plataformas, blindando instituciones o entregando el poder de contratación sin reglas.

Si lo que se busca es transparencia, este no parece el camino. Porque en México ya tuvimos décadas de obras “rápidas” que solo construyeron fortunas privadas con dinero público.

Y si no lo preguntamos hoy, mañana ya será tarde para saber quién se quedó con el contrato… y con el país.