AIDA RAMÍREZ
La expedición de la Ley General de Seguridad Privada por el Congreso de la Unión, dignificará y dará certeza de su empleo a más de 800 mil personas y sus familias.
Armando Zúñiga Salinas, presidente de las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME), afirma lo anterior, al señalar que dicho ordenamiento se publicó el 28 de mayo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, luego de que la mayoría de los Congresos locales –alrededor de una veintena-, dieron su aprobación, pero hasta el momento ya suma un retraso de seis meses.
En ese sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó hace poco al Congreso de la Unión para expedir dicha Ley General, en tanto que Zúñiga Salinas confió a la diputada Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, en que “muy pronto, con su apoyo, vamos a poder discutir y en su momento aprobar la tan anhelada Ley General de Seguridad Privada”.
La importancia de la Ley implica regular a unas ocho mil empresas de seguridad privada en tres aspectos esenciales, esto es, la homologación de un permiso único, con el objetivo de crear un Registro Nacional de empresas que prestan el servicio en uno o varios Estados, así como uniformar los requisitos en los distintos ámbitos de gobierno, que actualmente suman más de 100 diferentes.
Asimismo, establecer claramente la distribución de competencias entre Federación, Estados y municipios, y por último, establecer diferentes niveles de sanciones tanto para las empresas como para los usuarios que contraten empresas que no cuenten con las autorizaciones correspondientes.
Zúñiga Salinas recordó que la Ley Federal de Seguridad Privada ya está completamente obsoleta.
Asimismo, concluir con el procedimiento, significa que, como prestadores de servicios, estas empresas podrán tener una coordinación con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre; además de que, parte fundamental de la reforma permitirá establecer en una ley secundaria, las competencias a los tres ámbitos de gobierno, por las que se podrán unificar los procedimientos de control y homologar la normatividad en todos los estados del país, y terminar con leyes locales “disímbolas” y opuestas entre sí, que en la actualidad permiten corrupción y extorsión.
