Presos que en 10 años no han sido sentenciados por delitos no graves del fuero federal serán liberados por decreto presidencial a partir del próximo 15 de septiembre, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De la misma forma serán liberados los adultos mayores de 75 años, no sentenciados, que no estén acusados de delitos graves o de sangre, agregó.

En tercer lugar, los adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad o cardíacas, que no hayan cometido delitos graves, podrán seguir su proceso en su casa en forma simplificada. Será la Secretaría de Salud la que determine el diagnóstico médico.

En un cuarto punto, los presos que se encuentren en cárceles federales que hayan sido torturados serán objeto del protocolo de Estambul, para que puedan obtener su libertad luego de comprobarse la tortura.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional el primer mandatario puntualizó que el plazo de liberación no será mayor al 15 de septiembre.

Advirtió que en México nadie merece ser torturado, y al respecto se presentó el seguimiento de los casos de Israel Vallarta, Brenda Quevedo y María Isabel San Agustín, con la posibilidad de su liberación.

Estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la Secretaría de Gobernación, lo vamos a elaborar la semana próxima para presentarlo y publicarlo”.

Es importante que se tome cuenta que hay muchos internos que no tienen sentencia y que están acusados de delitos del fuero federal y del fuero común, que es la mayoría, por lo que expresó que ojalá y las autoridades estatales tomen cartas en el asunto, expresó.

Si en el Poder Judicial argumentan que les falta personal, comentó con ironía “que se bajen el sueldo los de arriba, que ahorren”, porque sus ingresos son muy elevados y que no sólo sea por falta de personal, sino que hay burocratismo, corrupción y desatención.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, expuso que 43% de las personas privadas de su libertad siguen en prisión preventiva. “En este gobierno no se puede permitir ningún acto de tortura y menos para la obtención de una confesión o en el mismo penal”, enfatizó.

De acuerdo a las cifras que presentó la secretaria de Gobernación, de los 220 mil 114 población privada de su libertad, los no sentenciados son 94 mil 547 y sentenciados 125 mil 567.

En el caso de la población no sentenciada, 87%, unos 82 mil 189 están por delitos del fuero común y el 13%, 12 mil 358 por delitos del fuero federal 92% está en penales federales, o sea, 87 mil 269 y 8% en centros federales, que son 7 mil 278.

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, advirtió que se debe erradicar la práctica de la tortura en cualquier orden del Estado, ya que quien haya sido objeto de tortura debe obtener su libertad.