El Congreso de la Ciudad de México recibió la iniciativa para reformar el Código Penal para que la autoridad pueda actuar de manera más eficiente ante el aumento en los casos de extorsión.

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, remitió el documento, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal en materia de Extorsión.

El documento propone tres cambios sustanciales, deroga el artículo 148 Quáter para armonizar la legislación de la Ciudad con la nueva Ley General en materia de extorsión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2025, evitando contradicciones y fortaleciendo la coordinación con el gobierno federal.

También reforma el artículo 148 Quinquies sobre cobranza ilegítima para incorporar expresamente la violencia física o moral como agravante.

Tercero, y como pieza central de la iniciativa, crea un Capítulo X al Código con el nuevo delito de Hostigamiento Coercitivo, tipificado en el artículo 148 Sexies, que contempla penas de tres a siete años de prisión, cuando mediante violencia física o moral se obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar acciones, sin necesidad de daño o beneficio obtenido por el agresor.

Esta figura es clave, ya que la ley actual exige un resultado material para perseguir la extorsión, lo que dejaba fuera conductas intimidatorias que generaban miedo en comerciantes, transportistas y vecinos.

Con el hostigamiento coercitivo, la autoridad podrá actuar desde el primer acto de amenaza, sin esperar a que ocurra un daño mayor.

La iniciativa también reforma el artículo 253 para incluir la extorsión federal y este nuevo delito dentro del catálogo de delitos graves.

La diputada Yuriri Ayala, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, destacó que la capital va firme contra la extorsión y que se fortalecerá el marco legal para avanzar hacia una política de cero tolerancia.

Los legisladores de Morena señalaron que del 1 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2026, la SSC detuvo a 335 personas por extorsión y tentativa de extorsión, con incrementos de 30% en 2025 y 170% en órdenes de aprehensión en 2026 respecto a 2019.

La diputada Xóchitl Bravo Espinosa aseguró que el Pacto marca un cambio relevante, al señalar que la estrategia requiere coordinación entre poderes del Estado, sector empresarial, organizaciones sociales y ciudadanía para cerrar espacios a la impunidad.