Por Fernando fuentes
“El sistema de centros públicos de investigación del CONACYT, es la segunda fuerza más importante en la generación de conocimientos y formación de capital humano, después de la UNAM. Este sistema está conformado por 26 Centros Públicos de Investigación y un fondo para el desarrollo Humano. Gracias a las sedes y subsedes de algunos centros existe representación de este sistema en casi todo el territorio nacional, contribuyendo a la descentralización de las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Este sistema, cuenta con una amplia gama de temas de investigación como ciencias exactas, biológicas, sociales y de humanidades y base tecnológica.
Los centros públicos de investigación están catalogados como entidades paraestatales del gobierno federal, con diferentes personalidades jurídicas con cada una de las obligaciones normativas como las Juntas de Órgano de Gobierno y los Comités de Control y Desempeño Institucional, haciendo compleja su operación y además representa un retroceso en la flexibilidad de operación administrativa.
Además cada centro cuenta con un Órgano de Control Interno dependiente de la Secretaria de la Función Pública cuyas facultades les permiten realizar auditorías constantes a las diferentes áreas operativas y desempeño académico de su personal, cuyos mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en el uso de los recursos, generan desconfianza.
Las políticas públicas en torno a la ciencia y tecnología han descuidado a los centros públicos de investigación CONACYT alejándolos de su función principal como modelo alterno y promotor para la investigación, formación de recursos humanos y desarrollo tecnológico, pero sí obstaculiza el ejercicio de su autonomía técnica, administrativa y operativa, como la imposición de directores generales, por falta de mecanismo democráticos para su designación. Por tal motivo, es evidente la necesidad de que los centros públicos CONACYT cuenten con un marco jurídico que garantice la autonomía académica, mediante órganos académicos competentes bajo el principio de especialidad y normatividad apropiada para el proceso de ingreso, promoción, permanencia, evaluación y reconocimiento del personal académico y administrativo.
En materia laboral, la diferencia jurídica que existe entre los centros CONACYT, impide la igualdad en la garantía en los derechos laborales, de asociación y negociación colectiva, ya que algunos centros pertenecen al apartado A y otros al B del artículo 123 de la Constitución. Esta diferencia implica que el personal científico de los centros que se encuentran bajo elapartado B, carezcan de estabilidad laboral, así como la nula posibilidad de negociaciones encaminadas para mejorar el salario y el cumplimiento de los derechos adquiridos, lo que crea una competencia desleal con respecto al personal de los centros en el apartado “A”.
Por otra parte, los trabajadores de los centros CONACYT, son catalogados como servidores públicos, encasillando al personal académico y técnico, bajo un contexto burocrático gubernamental, a pesar de que realizan actividades de docencia y/o investigación al igual que el personal académico de las universidades y que de acuerdo con la última reforma del 2021 de la Ley Federal del Trabajo están catalogados bajo apartado A. Ésta condición del personal académico, evita atender la naturaleza de las actividades académicas que requieren de flexibilidad y movilidad como parte del desarrollo eficiente y competitivo que tienen otras instituciones dedicadas a la investigación.
Por otra parte, para el cumplimiento de las obligaciones administrativas, los centros deben crear equipos de esta índole, cuyo personal no cuenta con derecho a la promoción. Es importante mencionar, que los salarios de los mandos medios y superiores no han recibido incrementos salariales desde hace 20 años. Adicionalmente, los centros CONACYT, han estado expuestos a reducciones presupuestales derivadas de las políticas de austeridad impuestas por el gobierno federal. Lo que ha implicado la reducción de varias prestaciones al personal y la disminución de sus percepciones salariales y nivel de vida. Estas acciones, desincentivan el interés de los jóvenes de educación superior a inclinarse por carreras relacionadas con la investigación, yendo en sentido contrario a una visión de largo plazo para el desarrollo de México.
Por tal motivo, es necesario establecer mecanismos de apoyo, financiamiento, acceso a la innovación tecnológica, desarrollo y retención del capital humano como estrategias para incorporar a México a la cuarta revolución industrial y desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Organización de las Naciones Unidas, en donde el sistema de centros públicos CONACYT tiene un papel preponderante. En ese sentido, es importante crear iniciativas constitucionales que permitan darle autonomía y el respeto de las garantías laborales de su personal académico y administrativo en estas instituciones. Siendo, además, fundamental, que el personal de estos centros no sea considerado como servidores públicos ordinarios, y que se origine una categoría especial como servidores públicos académicos, ya que sus funciones están relacionadas con la investigación, docencia, vinculación y actividades de innovación, reguladas en los Estatutos del Personal Científico y Tecnológico y que son equiparables a las actividades de las Universidades Autónomas” Lo anterior lo dio a conocer laM. en C. Violeta Gleaves López, secretaria del Interior SUPTACIBNOR, en el marco del Foro de “Libertad Académica y Autonomía Universitaria en Riesgo: Los Agravios”, realizada en la Cámara de Diputados, con la participación de importantes legisladores del PAN, PRI, MC, PRD y PRD y MORENA.
Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio Nacional de Locución 2017. Premio México de Periodismo 2013. ferfuentesmty@hotmail.com
