JAIME HERNÁNDEZ COLORADO
La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2022 ofrece los primeros resultados respecto de entornos y experiencias de vida de las personas LGBT+. Los resultados evidenciaron un conjunto de mecanismos (de inseguridad, miedo, discriminación, violencia) mediante los cuales se restringe el ejercicio de los derechos de las personas que se identifican como LGBTI+, que son el 5.1% de la población del país.
Otra herramienta respecto de las condiciones de discriminación y violencia en el país es el informe “Los rastros de la violencia por prejuicio: violencia letal y no letal contra personas LGBT+ en México, 2022”, elaborado por la organización Letra S. Los datos que ofrece el informe de Letra S son preocupantes: 1) 87 muertes violentas de personas LGBTI+ “presuntamente relacionadas con su orientación sexual o identidad o expresión de género” (con una cifra real estimada de 200 muertes violentas), con un promedio de edad de 34.7 años; 2) del total, 55.2% fue de mujeres trans, con un promedio de edad de 33.9 años (por debajo de la esperanza de vida que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calculado para las mujeres trans en México: 35 años); 3) datos de interseccionalidad que complican el entorno de violencia para personas LGBT+ que, además, son periodistas, defensoras de derechos humanos y/o con VIH.
El panorama no es alentador. Las violencias múltiples que hay en el país han diluido, en alguna medida, la relevancia de los datos de violencia focalizada hacia las personas LGBT+ (datos que no son nuevos, por lo demás). A pesar de que instrumentos de medición a este respecto, con esfuerzos subnacionales muy destacables, hoy aún no hay iniciativas de política pública para la atención de la violencia focalizada en las personas LGBT+ y tampoco estrategias sistémicas para la construcción de entornos sociales respetuosos de la diversidad sexual y de género.
A veces se pregunta, con maledicencia, cuáles son los derechos que se exigen para las personas LGBT+. Pues bien, los datos mencionados (y otros más de ambos instrumentos) nos sirven para ponerlo en claro. Los derechos que se exigen para las personas LGBT+ son aquellos que son inherentes al resto de las personas, sin que se los limite a causa de sus orientaciones sexuales o identidades o expresiones de género. Los derechos de las personas LGBT+ tienen una base mínima: la garantía de las condiciones elementales para el desarrollo de la vida. Esto parte del fundamento según el cual las personas con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género (OSIG) normativas no padecen discriminación, exclusión, violencia o faltas a su integridad, amenazas a su seguridad, entre otras expresiones limitativas de los derechos, por el hecho de su orientación sexual o identidad de género. Así, se aclara de qué hablamos cuando hablamos de los derechos de las personas LGBT+: la garantía de que gocen de los derechos que les corresponden como personas, al igual que aquellas con OSIG normativas.
La protección de las personas sobre la base de su orientación sexual e identidad de género no exige la creación de nuevos derechos ni que se concedan prerrogativas especiales a las personas LGBT+, sólo que se garantice el goce de todos los derechos, para todas las personas, en condiciones de igualdad y sin discriminación. Nada más, pero nada menos.
Director General de Nosotrxs
@jhcolorado
