Nacional Financiera, banca del gobierno federal, transfirió ayer por sorpresa más de 10 mil millones de pesos del Poder Judicial a su Tesorería. Lo hizo sin aviso, sin autorización, sin consulta. El dinero era de los fideicomisos judiciales, creado para pagar compensaciones, pensiones y retiros por la elección judicial en curso. Y aunque estaba bajo litigio, con suspensiones vigentes, el gobierno lo tomó. Así, sin más.
Este no fue un error administrativo. Es una señal de alerta fiscal. Porque cuando el gobierno toma dinero que no puede tocar, es porque necesita efectivo de forma urgente. No hay otro tema detrás. Solo hay prisa.
DINERO
El Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial, denunció el hecho. Dijo que no giró ninguna instrucción para liberar los fondos. Que el contrato con Nacional Financiera obliga a consultar antes de cualquier movimiento. Que el dinero debía usarse para pagar indemnizaciones a jueces que ya se jubilaron o que saldrán del cargo tras la elección judicial.
Además, los fideicomisos estaban protegidos por suspensiones definitivas emitidas por jueces federales. La Suprema Corte advirtió desde enero: mover ese dinero violaría la ley de amparo. Nacional Financiera lo sabía. Lo había rechazado antes. Esta vez, no dudó.
Aunque la Judicatura analiza medidas legales, el dinero ya está en manos del gobierno federal.
ETERNOS FIDEICOMISOS
Desde 2023, López Obrador prometió usar los fideicomisos del Poder Judicial para todo: becas, ayudas por desastres, elecciones, pensiones. Claudia Sheinbaum heredó esa lógica. Y la amplificó.
Los ha comprometido públicamente al menos en tres ocasiones: para ampliar los horarios del ISSSTE, para contratar personal médico, para financiar el Fondo de Pensiones para el Bienestar, y para pagar la elección judicial. Pero hay un detalle: el dinero nunca fue suyo.
De los más de 17 mil millones estimados, el gobierno solo había podido tomar una parte mínima: 854 millones del llamado Fondo Jurica. El resto estaba congelado por la vía judicial. Hasta ahora.
URGENCIA
¿Por qué tomar el dinero en estos momentos? Quizás… porque no hay dinero.
La economía está estancada. El crecimiento proyectado para este año es de apenas 0.2%, según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). El Banco de México advierte riesgo de recesión. La inversión privada se frena por las constantes amenazas de aranceles estadounidenses. El déficit fiscal se mantiene en -4% del PIB. La recaudación no sube. El gasto no baja. Y las promesas cuestan.
Con este panorama, los fideicomisos dejaron de ser un fondo judicial. Se volvieron un comodín de emergencia. No importaron las suspensiones. No importó el contrato. Lo único que importó fue tener ese dinero disponible.
LÍNEA CRUZADA
En enero, Nacional Financiera se negó a transferir los recursos, argumentando que las suspensiones judiciales se lo impedían. En abril, hizo exactamente lo contrario. ¿Qué cambió?
La necesidad. El momento.
Porque una vez que el gobierno decide que necesita el dinero, el resto se vuelve secundario. No hay margen para esperar resoluciones judiciales ni para pedir permiso. Solo se actúa. Y después se explica.
El problema no es solo el dinero. Es el poco respeto a la ley. Porque si hoy el gobierno puede tomar recursos protegidos por suspensión, mañana podrá hacerlo con cualquier otro. Si una financiera pública desobedece a los jueces por instrucción política, ¿qué impide que ocurra de nuevo?
Esto es un precedente. Es la confirmación de que el margen de dinero está al límite, y que las decisiones del gobierno vendrán cada vez más disfrazadas de urgencia.
Al final no se rompió una alcancía, sino la ley.
