En la naturaleza misma del mandato concedido al ejecutivo federal, está claramente pactado por nuestro sistema constitucional y republicano que el presidente de la república durará en su encargo un periodo correspondiente a 6 años. No hay más, pero puede haber menos por los casos de excepción y emergencia que marca la misma constitución. Desviar la ruta para generar carriles propagandísticos que le concedan a un mandatario la posibilidad de cabildear públicamente mediante campañas publicitarias su estadía, es una trampa para la democracia y es una distracción absoluta del objetivo que debiese tener en su núcleo la afamada revocación de mandato.
Y el riesgo es importante en este ya muy endeble clima de inestabilidad y polarización que podría agravarse con un ejercicio poco calculado. Si de entrada ya estamos en un México partido por bandos de afines y contrarios, la zanja se ahonda aún más cuando en el horizonte se tiene precisamente una práctica sufragista que va a definir con mayor claridad quienes están con el régimen y quiénes están en contra. El resultado para la posible resolución de la novel revocación, solo tiene un camino binario: o se está de acuerdo con la permanencia en el mandato, o no se está de acuerdo en que un presidente democráticamente electo concluya la presidencia de 6 años. El primer camino, aunque procura estabilidad para la gobernanza institucional, deja en el aire la posibilidad del endurecimiento de las críticas del presidente hacia quienes considera enemigos, retardatarios, conservadores o detractores del proyecto de transformación. Hemos comprobado del poco filtro que Andrés Manuel López Obrador le impone a sus dichos y la lógica indica que su encumbramiento mediante la ratificación sería un ejercicio nocivo para la prudencia que tanto se requiere en estos tiempos de división. En el segundo caso, si es que se determina que el ejecutivo tenga que dejar el encargo, las consecuencias no dejan de ser igualmente problemáticas; inestabilidad en la nueva generación de equilibrios de poder para el nuevo gobierno, y peor aún, una muy probable y abierta confrontación en contra de los detractores políticos que propiciaron la salida del presidente.
No podemos pensar en que una salida por revocación vaya a dejar un escenario terso, pero tampoco se puede pensar que, aún en la eventualidad -improbable considero yo- de ese suceso, se pueda llegar a encumbrar como presidente a alguien que tenga una línea de mando y estilo de gobierno distintos a Andrés Manuel. La Constitución establece el camino para el nombramiento de un nuevo presidente lo cual ocurre por medio de la designación del Congreso de la Unión quien se constituiría en colegio electoral, y solo necesitaría la mayoría del 50% mas uno para legitimar la decisión. Es decir, MORENA, aún perdiendo el presidente, conserva con afianzamiento el sartén por el mango y, muy probablemente, elegiría a un perfil de total afinidad y sumisión al saliente presidente. Por otra parte, inquieta la duda, ¿de verdad aceptaría el presidente el resultado de una revocación?, ¿no sería la ocasión ideal y definitiva para emprender una embestida final en contra del Instituto Nacional Electoral? Lo anterior es absolutamente realizable cuando la responsabilidad para la implementación de la logística del nuevo ejercicio de elección corre a cargo de la institución que ha sido objeto de cuestionamientos permanentes por parte del ejecutivo y MORENA.
No podemos perder la perspectiva de lo que se tiene enfrente. Estamos ante una vía decisoria para aquellos que estarían inconformes con el mandato de López Obrador y buscarían con este reconocimiento a su voluntad plasmada en voto, que no concluyera el mandato. Si lo ponemos en la disyuntiva de que, por igual, este puede ser un instrumento para la ratificación del presidente en el poder, perdemos de vista el objetivo que va implícito en la propia denominación. En otras palabras, preguntar si se está de acuerdo con que el presidente concluya su mandato, como está establecido actualmente en el artículo 34 del dictamen propuesto por MORENA, estamos también en la posibilidad de hacer de esto un ejercicio de propaganda descarado donde quepa toda la publicidad pública para convencer de lo sano que es la permanencia.
Pero el gran problema de fondo estriba también en la carencia de una oposición sistemática y constructiva que, más allá de tratar de demoler la titularidad del ejecutivo, busque modificar con justificación y consenso social las agendas públicas y encauzarlas hacia rumbos de mayor provecho para la totalidad del país. Estamos en tiempos violentos y confrontados, no sirve de mucho abonar para que los problemas se profundicen en un país que está al borde de no aguantarlos.
