La inacción del gobierno federal para quitar el bloqueo que mantienen ejidatarios de la comunidad de Santa Rita Tlahuapan, en la carretera México-Puebla, desde hace más de dos días, estaría provocando pérdidas por más de 10 mil millones de pesos en ingresos a las empresas de autotransporte que ninguna autoridad les compensará.

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El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Miguel Martínez Millán informó lo anterior y anticipó mayores problemas en la medida en que este conflicto no se resuelva, pues no solamente se habla de productos perecederos, sino también de las afectaciones a conductores de los camiones que movilizan las mercancías, pues no tienen donde asearse, comer e incluso hacer sus necesidades fisiológicas, a lo que suma la inmovilidad de los pasajeros de los autobuses, que tampoco pueden pasar.

Comentó que los bloqueos en el Arco Norte, la autopista México-Puebla y la Tlaxco-Tejocotal, a la altura del kilómetro 74, tiene varados a más de 100 mil operadores del autotransporte de carga y ha ocasionado que más de 10 mil toneladas de productos perecederos se encuentran atorados y prácticamente en proceso de descomposición.

Recordó que la manifestación que llevan a cabo los pobladores por conflictos relacionados con el gobierno por el pago de tierras para construir dicha vía de acceso, ahorcó el transporte de mercancía y carga a las zonas del norte, centro y sur-sureste del país, por lo que de nueva cuenta urgió al gobierno federal a liberar lo antes posible los bloqueos, luego de que campesinos aseguraban, abrirían de manera temporal al menos un carril para la circulación.

En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) instó al gobierno federal y a los gobiernos estatales, a que intervengan con prontitud para resolver el conflicto que ha generado el bloqueo de la carretera de Puebla, a través del diálogo y la negociación, asegurando el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.

“Es imperativo que se garantice la libre circulación y la seguridad en estas importantes rutas de transporte. La recurrencia de estos bloqueos además de impactar a miles de personas, también tiene efectos a largo plazo en la confianza de los inversionistas y en la competitividad de nuestro país. La seguridad jurídica y el respeto a la ley son fundamentales para el desarrollo económico y social de México”, señaló.

Dijo entender y respetar las demandas históricas de los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan, quienes desde hace décadas exigen la indemnización por las tierras expropiadas para la construcción de la autopista.

Sin embargo, “consideramos que el bloqueo de una vía tan esencial no es la solución adecuada. Este tipo de acciones comprometen el Estado de derecho y la estabilidad económica, alejando inversiones y afectando la generación de empleos”.