Más de 114 mil 200 millones de pesos del ahorro pensionario fueron invertidos en 2024 en proyectos inmobiliarios, pero solo una mínima parte se destinó a vivienda social. El resto fue canalizado a desarrollos de lujo, turísticos y comerciales como Mítikah, The Harbor Mérida, The Ritz-Carlton Ciudad de México o complejos de Fibra Uno, sin beneficio alguno para quienes aportan los recursos: los trabajadores.
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Lo anterior lo denunció el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al advertir sobre el uso profundamente injusto de los fondos administrados por las Afores, originalmente destinados a garantizar un retiro digno y facilitar el acceso a vivienda adecuada.
“Se ha producido un fenómeno de financiamiento de la vivienda, en el que el derecho social a una casa digna se ha transformado en una mercancía especulativa al servicio del capital financiero“, señala un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El caso más grave, expusieron, es el de Be Grand CKD17, que entre 2018 y 2023 recibió mil 913.25 millones de pesos del ahorro para el retiro, la mitad aportada directamente por trabajadores. Con esos recursos se construyeron departamentos cuyo precio supera los 17 millones de pesos.
“Para adquirir uno de estos inmuebles, una persona con salario promedio del IMSS, 622.86 pesos diarios, tendría que trabajar 78.85 años completos, sin gastar un solo peso”, denunciaron.
Resaltaron que, según los datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), sólo uno de los 37 fondos inmobiliarios financiados en 2024 con dinero de las Afores estuvo vinculado a vivienda social.
“Los trabajadores están financiando un mercado inmobiliario del cual están totalmente excluidos. El 80% no gana lo suficiente ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas, y mucho menos para acceder a una vivienda digna sin endeudamiento desproporcionado“, advirtieron.
El PRI subrayó que fue este partido el que sentó las bases de la seguridad social en México, por lo que exigió al Ejecutivo federal, al INFONAVIT y a la CONSAR reorientar de inmediato el destino de estas inversiones.
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“No se trata de limitar la rentabilidad o la competitividad del sistema financiero, sino de alinear sus objetivos con los derechos fundamentales de los trabajadores y con la obligación del Estado de garantizar un retiro digno y el acceso a vivienda adecuada“.

Foto: CUARTOSCURO.COM 


