PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

En la Ciudad de México hay actualmente mil 532 mujeres están en los centros penitenciarios, lo que representa el 6.1 por ciento de la población privada de la libertad y que no tiene acceso a una menstruación digna.

Ante esta situación, en el Congreso de la Ciudad de México analiza un paquete de iniciativas que buscan garantizar una menstruación digna en las mujeres recluidas en los centros penitenciarios.

La subdirectora de área de la segunda visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Rocío Gisela Morales Salazar, advirtió que por la mala administración de las donaciones, así como de falta de agua y manejo de residuos, es urgente solicitar atención y apoyo de gestión menstrual, ya que no se cuenta con un presupuesto asignado para esta labor.

Adriana Villeda Salazar, encargada de despacho de la dirección del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, dijo que con el traslado de
las funciones del Sistema Penitenciario a la Secretaría de Seguridad Ciudadana se busca su fortalecimiento, mejorar los procesos de selección y profesionalización del personal, así como desempeñar el trabajo con respeto de los derechos humanos, en especial los correspondientes a las mujeres, es decir, los sexuales, reproductivos, de maternidad y lactancia para brindarles una estancia digna, como está expresado en los marcos normativos.

A su vez, el diputado Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, consideró que la menstruación debe vivirse con dignidad, sin embargo, se cree que a las mujeres privadas de su libertad no se les deben garantizar sus derechos humanos.

En este sentido, expresó la urgencia de atender esta problemática; para ello, informó que está impulsando un acopio de productos sanitarios para enviarlos a estas mujeres.

La diputada Miriam Valeria Cruz Flores, promovente de una iniciativa para reformar la Ley de Centros Penitenciarios para dar trato digno a las personas menstruantes que se encuentran privadas de su libertad en algún centro de reclusión, detalló que este instrumento legislativo forma parte de un paquete de iniciativas dirigidas a alcanzar una menstruación digna.

Lo anterior debido a que no se cumple con lo establecido por la Unicef respecto de una gestión menstrual adecuada. “Esta situación está directamente asociada a la desigualdad social y a la pobreza, por lo que, para garantizar este derecho se debe disminuir la desigualdad”, aseveró.

Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, abordó el tema de la gestión menstrual y el camino hacia una política en esta materia.

Enfatizó que sigue existiendo temor y vergüenza alrededor de este proceso natural en la mujer y consideró que en las medidas para garantizar una menstruación digna se deben considerar a las mujeres de centros penitenciarios, personas trans y no binarias, así como a las que viven en pobreza.