Desde luego que a partir de su presentación, ha sido un referente noticioso y de análisis. La problemática que implican la dilatada lista de delitos, tanto del fuero común, como del fuero federal, son el primer lugar de la agenda social. Llevamos décadas, esto es, desde el siglo pasado, tratando de encontrar soluciones a las condiciones de inseguridad. No obstante las buenas intenciones de funcionarias y funcionarios, programas, organigramas, presupuestos, leyes, creación y eliminación de instituciones, la inercia no se contiene.
Cada Presidencia de la República, sin distingos de orientaciones partidistas, ideológicas o de grupos, ha incursionado en los complicados escenarios de las Dimensiones de la Seguridad para procurar soluciones que apuntan a lo estructural, aunque de manera recurrente, predomina lo coyuntural. Es deseable que en esta ocasión no sea así. Las exigencias para recuperar las condiciones de normalidad para la vida cotidiana son incrementales; en sentido estricto, se ha acabado el tiempo para experimentos, ocurrencias e improvisaciones.
Para abordar el análisis de la Estrategia de Seguridad, presentada el pasado martes 8, he dividido en tres apartados: lo que continua, lo que se propone y lo que falta. Por supuesto, que no obstante los pocos días que llevamos del sexenio de la Presidenta Claudia Scheinbaum Pardo, es muy importante la forma en que se ha comenzado a tratar la problemática. Debe señalarse que hay un punto importante a favor de las decisiones que vayan a aplicarse: la experiencia del equipo que llega a la Secretaría de la Seguridad y Protección Ciudadana. Éste no forma parte de la presentación de la Estrategia, pero es relevante tomarlo en consideración para en su momento, realizar el balance sobre los resultados inmediatos y de largo plazo.
Qué sigue. Los ejes uno y dos, que se refieren a hacerle frente a las causas sociales de la delincuencia así como a la ponderación de la Guardia Nacional, representan en sí, una continuidad que debe ser analizada, cualificada y calificada. Resulta evidente que las causas de la delincuencia de ninguna manera se pueden asociar a la pobreza. Ni siquiera con datos económicos; los Estados de la República que más contribuyen al Producto Interno Bruto, son los que acusan más violencia, en cambio los que menos aportan, no evidencian las violencias criminales. Ese planteamiento debe revisarse con detalle.
Qué hay de nuevo. Lo primero y más sobresaliente, es la creación de la Subsecretaría de Inteligencia. Su finalidad es la de coordinar, de manera absoluta (textual) los trabajos sobre todo, con los gobiernos estatales. Además de asumir el control de los Centros de Fusión, se consideran otras así áreas claves destacando entre ellas, la Unidad de Inteligencia Financiera así como la información que puedan aportar las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México. Estas últimas, cumplirán con esa responsabilidad sin descuidar sus tareas sustanciales en el resguardo de las Seguridades Interior, Nacional, Regional e Internacional.
Otro aspecto adicional remarcable, es la referencia geográfica a las áreas agobiadas por la actividad criminal. La cuestión radica en analizar que hay zonas específicas, pero que no implican que sea considerado por completo un Estado de la República; de esa forma, se podrán hacer intervenciones precisas a partir de las especificidades locales. Se trata de una política pública innovadora e indispensable.
Qué faltó. Las referencias a la cuestión internacional y regional. Ningún enfoque contemporáneo en materia de Seguridad Pública puede prescindir del ambiente externo. También quedó de lado, el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública municipal y estatales. Vamos a analizarlo.
@JOPso
