MC impulsa reforma constitucional para suprimir medida precautoria de arraigo

Diputados plantean modificar el artículo 16 de la Carta Magna



Foto: Cuartoscuro.com

La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara baja propone derogar el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución mexicana, con el objetivo de suprimir la medida precautoria de arraigo.

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El párrafo del artículo mencionado establece que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días.

Ello, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.
Se explicó que este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen, y en todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los 80 días.

La exposición de motivos de la iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, explica que el arraigo es una medida precautoria de base constitucional que permite al Ministerio Público privar de la libertad de tránsito a una persona, previa autorización de la autoridad judicial, para garantizar la investigación de un delito, la protección de personas y bienes y evitar la sustracción de la acción de la justicia.

Asimismo, menciona que la figura es pre-procesal, porque se impone con antelación al inicio del proceso penal, cuando las diligencias de investigación no están concluidas o con elementos suficientes para solicitar al órgano jurisdiccional la sujeción a proceso de una persona.

Pero destaca que esta medida resulta violatoria de los derechos esenciales de toda persona como la libertad personal y de tránsito, vulnera principios y garantías esenciales inherentes al proceso penal como la presunción de inocencia, garantía de audiencia, el derecho de defensa y la revisión de una detención por parte de autoridad judicial, entre muchos otros.