La movilización, convocada por la Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), protestaba por presuntas irregularidades en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y amenazaba con afectar la movilidad en la región.

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Tras varias reuniones, autoridades y transportistas alcanzaron acuerdos, incluyendo la revisión de carpetas de investigación por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el compromiso de mantener el diálogo institucional.

Los transportistas denunciaron públicamente presunta persecución por parte del presidente municipal de Tlalnepantla de Baz y la FGJEM, solicitando la intervención de Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez.

El Gobierno del Estado de México destacó la prioridad del diálogo para evitar la manifestación y sus posibles afectaciones, garantizando la seguridad y la libertad de expresión.

La cancelación de la megamarcha evitó afectaciones a millones de ciudadanos en el Estado de México y la Ciudad de México, gracias a los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo.

Las autoridades reiteraron su disposición para atender las demandas de los transportistas y buscar soluciones dentro del marco legal, priorizando el diálogo y la movilidad ciudadana.