Mejora México, pero es el peor de OCDE en corrupción

29, enero 2021

México mejoró dos puntos y seis lugares frente a 2019 en la calificación del Índice de Percepción de la Corrupción divulgado este jueves por la ONG Transparencia Internacional, pero con 31 puntos sigue estando en la cola de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Con esta calificación, México se ubica ahora en el lugar 124 de 180 países evaluados y continúa siendo el país con la calificación más baja entre los países que integran la OCDE (…) al ubicarse en la posición 37 de 37 países que la integran”, informó Transparencia Mexicana en un boletín.

En términos relativos, escaló seis lugares, pasando de la posición 130 (2019) a la 124 (2020) entre los países evaluados. Ahora, México se ubica junto a países como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán.

Estos datos muestran una “tendencia positiva” para el país, si bien México no recupera aún su mejor evaluación histórica, que fue de 35 puntos en 2014.

“Un tema delicado en el caso mexicano es la falta de sanciones a los casos y redes de corrupción que ya son del conocimiento de la opinión pública tras ser revelados por periodistas de investigación”, advirtió la ONG.

En 2020, Transparencia Internacional informó que en el periodo 2016 a 2019 ninguno de los casos de corrupción transnacional que involucran empresas y funcionarios mexicanos fue sancionado en México.

“El riesgo de impunidad tras conocerse estos casos y no haber identificado sanciones firmes por parte de las autoridades, sigue latente, lamentó el organismo.

Es por ello que emitió una serie de recomendaciones para México.

En el marco de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, México debe fortalecer las instituciones del sistema anticorrupción, especialmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), indicó Transparencia Internacional.

Precisamente, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha cosechado críticas por su interés en eliminar el INAI.

Además, continúo la ONG, la Auditoría Superior de la Federación “debe fiscalizar el gasto público en tiempo real, con particular énfasis en el gasto en salud y los programas sociales” y de reactivación económica.

“La Fiscalía General de la República y las instituciones de impartición de justicia deben concentrarse en dar resultados concretos: sentencias a redes de corrupción, recuperación de activos desviados en grandes casos de corrupción y asegurar la reparación de daño a las víctimas para delitos vinculados con actos de corrupción”, concluyó la entidad.

Encabezan la edición del IPC en 2020, Dinamarca y Nueva Zelanda (88 puntos, posición 1), Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza (85 puntos, posición 2 de 180 países).

Mientras que en la parte baja del índice se ubican Sudán del Sur y Somalia (12 puntos, en la posición 179 de 180 países evaluados).

 

EL GOBIERNO CELEBRA

Cuestionada sobre el tema, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, calificó de “buena noticia” esta mejora en la clasificación mundial de percepción de la corrupción.

Recordó que el año pasado también se escalaron varios lugares, que se suman a los seis de este año.

“Vamos a ir escalando poco a poco, espero que tengamos una percepción más alta este 2021”, deseó. EFE

 

Los resultados van por buen camino: Eréndira 

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, manifestó que la mejora que evidencia la edición 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional constituye una clara muestra de que las políticas impulsadas para recuperar el interés general sobre el privado dan resultados y “van por buen camino”.

Como parte de los logros obtenidos, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) destacó que, por segundo año consecutivo, México logró avanzar en el IPC, en esta ocasión obteniendo 31 puntos de 100 posibles, dos más que en la edición anterior.

Agregó que en el IPC el Gobierno de México ya había detenido la franca caída que registra nuestro país, la mejora de este año también significó avanzar seis posiciones en el ranking de países, al pasar del lugar 130 al 124.

Subrayó que México acumuló, en solo 2 años de gobierno, 3 puntos de mejora y ha avanzado 14 posiciones en el IPC, lo que contrasta con la caída de seis puntos y 33 lugares que lamentablemente se registró entre 2012 y 2018.

“Estos indicadores son un reconocimiento al trabajo de todo un equipo de la mayor experiencia y que tengo el honor de presidir, que luchamos incansablemente por darle resultados a la ciudadanía.

“Al integrar directamente a la lucha contra la corrupción se ha convertido en el mejor fiscalizador que tiene México”, aseveró.

Al hacer un balance, Sandoval Ballesteros concretó en 2020 al mando de la SFP la aplicación de nuevos formatos de declaración patrimonial y de intereses, que impulsó en el Sistema Nacional Anticorrupción y que llevaron a alcanzar la cifra récord de más de un millón 300 mil personas servidoras públicas que declararon.

En el marco de la contingencia sanitaria por la Covid-19, instruyó a que se focalizará la vigilancia de las compras públicas y recepción de denuncias, lo que resultó, entre otras cosas, en la sanción a empresas y personas servidoras públicas que pretenden lucrar con la salud pública en perjuicio de la población.

Frente a los retos que ha implicado la pandemia, la SFP lanzó una estrategia de capacitación en línea a través del Sistema de Capacitación Virtual para Servidores Públicos (Sicavisp), con el objetivo de avanzar en la profesionalización de toda la APF y la consolidación de su formación ética, que es uno de los ejes con los que Sandoval Ballesteros cimentó la dependencia desde el principio de esta administración.

Otro paso importante fue la emisión en el Diario Oficial de la Federación del Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de la Corrupción, herramienta que coordina las acciones y medidas necesarias para proteger los derechos de la persona alertadora para garantizar su certeza y seguridad jurídica, y promueve mecanismos de protección oportunos y eficaces que resguarden su integridad en todos los aspectos.

“Con este protocolo se replican las mejores prácticas a nivel internacional, a través de esquemas que permiten reconocer la importancia de la denuncia ciudadana, con base en los principios de los tratados y convenios de los que México es parte”, señaló.

Un avance de suma relevancia fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a una contradicción de tesis denunciada por la propia Sandoval Ballesteros, en su calidad de titular de la SFP, con la que se da certeza a los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados contra personas servidoras públicas como parte de la lucha contra la impunidad.

Así, se logró que ahora los procesos por faltas administrativas que cometan los servidores públicos, cuya investigación inició a partir del 19 de julio de 2017, se lleven a cabo de acuerdo con las reglas procesales de la Ley General en la materia, lo que cierra la ventana jurídica que demoraba la resolución en tribunales de diversas sanciones por irregularidades en la Administración Pública Federal (APF).

Aunado a ello, la SFP emprendió decididas acciones para acabar con la impunidad, al emitir sanciones a ex funcionarios del más alto nivel, entre las que destacan un ex titular de la Comisión Reguladora de Energía y una ex secretaria de Cultura.