México enorme fosa clandestina: Alejandro Encinas

Desde que se declaró la guerra absurda a la inseguridad hay más de un millón de víctimas. Además, existen 40 mil desaparecidos, mil cien fosas clandestinas –la mayoría inexploradas–, 26 mil cuerpos sin identificar y un México convertido en una enorme fosa clandestina.

 

De estas cifras entre el 8 y 10 por ciento de los desaparecidos son migrantes, mujeres, jóvenes (de 17 a 22 años) y, desgraciadamente niños acompañados y no acompañados. Los imputados frecuentes por las desapariciones forzadas, policías municipales, estatales y militares, así como grupos del crimen organizado.

 

Lo más grave del tema que la cifra de mil cien fosas clandestinas pueden ser en realidad el doble, tripe o hasta más…, particularmente en los estados ruta del narcotráfico, ilegales o zonas de alta marginación y pobreza.

 

Para atender este tema se destinarán 400 millones 791 millones de pesos que sí se usaran, pues en pasado se presupuestaron 468 millones 946 mil pesos, pero solo se ejercieron seis millones de pesos. esto es, nunca les importo trabajar en el tema.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, revelaron lo anterior al presentar el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (LGMDFP) y dijeron que el saldo es doloroso y terrible.

 

Sobre el particular, el subsecretario explicó que después de una serie de consultas, en donde participaron  colectivos que atienden a las víctimas, con familiares de las víctimas y atendiendo también las recomendaciones de las agencias internacionales, en particular la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas se pudo establecer la Ley que deberá enfrentar el lacerante problema de las desapariciones forzadas.

 

Y es que se estima que actualmente existen 40 mil personas desaparecidas, más de mil 100 fosas clandestinas, alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses, y eso da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país.

 

Ha habido avances, sin lugar a dudas, en la elaboración de leyes, pero lamentablemente en su implementación no solamente no se ha cumplido con los objetivos que se han planteado en ellas, sino que se ha caído en una profunda simulación.

 

El objetivo fundamental  a través de 11 ejes es implementar la Ley, las bases generales, las políticas públicas y procedimientos en los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.

 

Así como prevenir, como uno de los retos fundamentales, prevenir, investigar y sancionar a los responsables de estos delitos.

 

Alejandro Encinas comentó que el Sistema Nacional de Búsqueda está integrado por 42 personas, representantes de distintas instituciones. Y ahí es donde empieza la simulación que se hizo en el gobierno anterior donde, a dos semanas de terminar su gestión, se instaló el Sistema Nacional de Búsqueda y se presentó un Plan Nacional de Búsqueda que no fue consultado con nadie, pero de los 42 integrantes, 24 no están constituidos, pues son las comisiones estatales de búsqueda que en esta fecha no se habían integrado.

 

Ante ello, dijo, ahora sí queremos dar paso a una verdadera integración del sistema, porque esto requiere una coordinación muy estrecha con las entidades federativas, con sus fiscalías, porque la tarea de la búsqueda, la identificación y la aplicación de la justicia no solo corresponde al gobierno federal, sino es que es hacer una suma de esfuerzos efectiva.

 

“Nosotros esperamos que quede plenamente instalado el sistema en el mes de marzo y daremos los pasos subsecuentes para que esto suceda”.

 

En primer lugar, el nombramiento del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual ya se emitió la convocatoria en días pasados, los días de hoy, mañana y el miércoles estaré llevando en audiencias públicas las entrevistas a los 11 aspirantes, las 11 hombres y mujeres que han decidido participar en este proceso.

 

Y el viernes de esta semana tendremos ya definida a la persona que encabezará esta Comisión Nacional de Búsqueda, que tendrá como su responsabilidad fundamental el establecimiento de un programa nacional consensado con las víctimas, la participación, el diseño (inaudible) del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y las acciones de búsqueda, verdad y justicia para las víctimas.

 

Para fortalecer estos trabajos vamos a dotar de recursos suficientes, o si no suficientes, sí importantes para que cumpla puntualmente sus trabajos la Comisión Nacional de Búsqueda y el sistema en su conjunto.

 

Hay que señalar -y esta es otra parte de la simulación- que en el año 2018 se asignaron 468 millones 946 mil pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero solamente ejerció seis millones de pesos, es decir, ese presupuesto solamente estuvo en el papel, lo cual ha llevado no solamente a la falta de desarrollo de las capacidades técnicas, institucionales para la búsqueda, a las limitaciones tecnológicas para hacerlo, limitaciones en recursos humanos y el retraso lamentable en la implementación de la ley.

 

Para este año se han asignado 400 millones de pesos que se ejercerán plenamente por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda. Aunque el presupuesto ideal para arrancar es de siete mil millones de pesos.

 

Encinas Rodríguez dijo que ya trabajan con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que desde del Sistema Nacional de Seguridad se puedan utilizar los recursos del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública en los estados, que cuenta con una cifra de siete mil 500 millones de pesos para desarrollar las capacidades en materia de identificación forense, la atención fundamentalmente a todos los cuerpos que tenemos sin identificar, pero también a las acciones de búsqueda, de exhumación, identificación, contando con un sistema único de información.

 

Un tema adicional, comentó, es el tratamiento a las personas migrantes, particularmente con las rutas -que están plenamente identificadas- donde están las situaciones de riesgo de la población migrante de nuestro país.

 

Esto forma parte de la nueva política migratoria en México, en donde se estima que entre el ocho y el 10 por ciento de las personas desaparecidas son migrantes, particularmente provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica.

 

Para ello se diseñarán protocolos de actuación junto con las instituciones responsables de la seguridad pública para atender, en particular, las rutas donde se presentan con mayor incidencia estos delitos, destacando, por supuesto, la ruta que va de Chiapas, cruza por Oaxaca y posteriormente el estado de Veracruz y Tamaulipas, lo cual no significa que en otros lugares no se presenten situaciones de riesgo.

 

Habrá que reformular de manera importante los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para hacer efectiva la capacidad de respuesta de esta comisión en la atención de las víctimas, destacó.

 

Parte importante de esta estrategia es la conformación de un Instituto Nacional de Identificación Forense que permita crear un sistema nacional de coordinación con todos los servicios forenses en el país.

 

Para ello van muy avanzados los trabajos con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con la Escuela Nacional de Antropología, con las distintas agencias de Naciones Unidas, con el equipo argentino de antropología forense y esperemos (inaudible) la implementación total, pero en marzo esperamos poner en consideración del sistema la discusión de la creación de este instituto.

 

Y, finalmente, un aspecto en el que ha insistido mucho el señor presidente de la República, el establecer en la ley beneficios por colaboración eficaz o los mecanismos de protección a testigos de toda la población, a las personas que proporcionen la información para el esclarecimiento de estos hechos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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