Aida Ramírez / Ovaciones
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De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta el cuarto trimestre de 2023, el 54.8 por ciento de la población ocupada en México opera en la informalidad; lo que significa que más de 32.5 millones de personas son invisibles para las reformas y leyes que rigen al país, cifra que contrasta por mucho con los 22 millones 024 mil 386 registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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Ante la discusión que persiste en el Congreso de la Unión sobre la reducción de las horas laborales y ahora el incremento del aguinaldo, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre Stéffano, sostiene que “de nada sirven que se presenten nuevas reformas de ley para mejorar el bienestar de los empleados, si la mayoría de los negocios opera en la informalidad, sintiéndose exentos de incrementar salarios, días de vacaciones o cualquier otro beneficio”.
Afirma que los trabajadores en la economía informal, no están sujetos a la legislación; los patrones no cumplen con el pago de impuestos; las familias carecen de cobertura, protección social y de prestaciones relacionadas con el empleo, “logros que han sido impulsados y respaldados por el sector formal empresarial, el gobierno y los propios trabajadores”.
Por lo que buscará que el Congreso de la Unión enfoque sus esfuerzos en el 45.2 por ciento de la población que sí cumple, garantizando su crecimiento y evitando a toda costa la sobrerregulación que ahoga sus negocios familiares; a la vez que, en acciones, disminuya el 54.2 por ciento de la informalidad con normativas efectivas que logren que cada vez más mexicanos contribuyan al presente y el futuro de México.
El dirigente empresarial observa que en las leyes de ingresos de los municipios se favorece la proliferación de la informalidad en la economía y, por ende, en la esfera laboral.
“Actualmente, en muchos municipios existe una tolerancia para la venta en la vía pública y el mercado gris, generando además competencia desleal con aquellos dueños de negocio que sí cubren permisos, avisos, planes de protección civil, cuota de bomberos, basura, luz, agua, predial, sus impuestos, renta de lugar y, además, asumen otros gastos, cuidan a su personal y contribuyen así con el crecimiento económico de México.
“Si bien se proponen reformas por los diputados y senadores y se aprueban incrementos salariales anuales por el sector patronal, obrero y gubernamental, dichos beneficios y modificaciones son únicamente para el 45 por ciento de la economía, menos de la mitad de la población económicamente activa, dejando desprotegidos a quienes consumen productos y servicios y a los que trabajan en la informalidad”, señaló el presidente de la Confederación.
“Mientras que los trabajadores formales tienen acceso a salud, seguridad social, pensiones, vivienda, y otras prestaciones, aquellos en la informalidad, que son la mayoría, quedan excluidos de estos beneficios y se ven obligados a trabajar en condiciones precarias y sin garantías”, además de sufrir las consecuencias de un servicio de salud no bien estructurado, deficiente.
De la Torre Stéffano recuerda que más de un 21% de la población mexicana ocupada en el sector informal no puede adquirir la canasta básica con los ingresos que entran en su hogar, de acuerdo con Statista en el 2023; en tanto que se calcula que 10 millones de trabajadores del sector informal de la economía perciben ingresos mensuales menores a un salario mínimo, y el resto recibe ingresos mayores a un salario mínimo y máximo hasta cinco salarios mínimos.
Asimismo, señala que en la economía informal, los consumidores se ven expuestos a productos de origen dudoso, como artículos robados, en mal estado o sin garantías, debido a la presencia de vendedores informales que no cumplen con ninguna normativa.
Por lo anterior, observa para los dueños de negocios familiares y empresarios que crean empleo formal -y que representan el 45.2 por ciento de la formalidad laboral-, crece la presión tributaria y normativa: los negocios establecidos que cumplen se encuentran sobrerregulados, sujetos a constantes reformas legales, certificaciones, revisiones, auditorías y visitas de inspección.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la carga normativa para quienes realizan trámites y servicios federales representa un costo económico equivalente a 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, cifra similar, por ejemplo, a la aportación de todo el estado de Michoacán en un año.
Mientras que, quienes operan en la economía informal, y que son mayoría, evaden estas regulaciones mediante el pago de una anualidad al municipio o simplemente procediendo al margen de la ley, socavando los esfuerzos por promover la formalización y el cumplimiento de las normativas establecidas.
Así, Octavio de la Torre puntualiza que las reformas que se han impulsado como deporte nacional no atienden esta realidad y generan pobreza en millones de trabajadores y sus familias, que, al ser invisibles, quedan al margen de los beneficios de un sistema de salud y privados de una pensión para el retiro, de acceso a la vivienda o de cualquier otra prestación.
