RITA MAGAÑA

Foto: @SeGobCDM

Las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron un dictamen para aumentar de 3 a 9 años de prisión la pena para la persona que ilícitamente corte, arranque, destruya, derribe o tale algún o algunos árboles.

Las reformas al Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, propuestas por Alejandro Armenta, de Morena, establecen también de mil a 10 mil días multa, equivalente a 962,000 pesos, a quien o quienes cometen estas conductas.

El dictamen señaló que México ocupa uno de los primeros lugares en tasas de deforestación en el mundo, por la tala ilegal.

Por ello, los senadores consideraron que estas reformas dejarían exentos de cualquier sanción a los integrantes de las comunidades indígenas, ejidatarios, comuneros y a quienes, siendo propietarios de zonas boscosas, realizan la tarea de limpiar los bosques.

Indicaron que la pena privativa de la libertad se incrementa hasta en 4 años más de prisión y la pena económica hasta en 2 mil días multa, cuando los recursos forestales maderables, provengan de un área natural protegida o causen desequilibrio ecológico.

En el dictamen se precisó que a quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable o tierra procedente de suelos forestales, en cantidades superiores a 4 metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, la pena será de 2 a 12 años de prisión y de 500 a 5 mil días multa.

Asimismo, agregó, la pena privativa de la libertad se incrementaría hasta en 4 años más de prisión y la pena económica hasta en 2 mil días multa, cuando los recursos forestales maderables, provengan de un área natural protegida y/o causen desequilibrio ecológico.