Foto: Cortesía SRE El Gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas al considerarlo tendencioso y construido a partir de premisas que no corresponden a la situación actual del país, al señalar que no incorpora observaciones, análisis ni información actualizada presentada por el Estado antes de la publicación de la resolución.
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La postura oficial sostuvo que los argumentos del Comité no coinciden con la definición de desaparición forzada establecida por el propio organismo internacional, además de omitir avances institucionales alcanzados desde 2019 y fortalecidos en 2025, lo que, según el Ejecutivo, distorsiona el diagnóstico sobre el fenómeno en México.
El documento del organismo internacional se centra principalmente en sucesos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se circunscribe a cuatro entidades federativas, lo que el Gobierno mexicano consideró insuficiente para caracterizar la situación actual del país.
La cancillería destacó que el propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 que no existen indicios de una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática, lo que, de acuerdo con la interpretación oficial, confirma que el marco de la Convención no resulta aplicable al contexto mexicano contemporáneo.
COMUNICADO CONJUNTO GOBERNACIÓN-RELACIONES EXTERIORES. “México rechaza informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU por omitir avances contra desapariciones forzadas desde 2018”.https://t.co/rf1AbzHtjt pic.twitter.com/yoA9JHCQPj
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 2, 2026
El Gobierno también cuestionó el rigor jurídico del informe y señaló posibles conflictos de interés en su elaboración, al afirmar que al menos uno de los integrantes del Comité habría tenido vínculos previos con organizaciones que han promovido denuncias contra el Estado mexicano.
Como parte de su defensa, el Ejecutivo enumeró reformas legales aprobadas en julio de 2025, entre ellas la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte, la creación de bases nacionales de datos y el fortalecimiento de capacidades forenses e institucionales, así como la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y autoridades federales.
El Gobierno reiteró que no tolera ni ordena desapariciones forzadas y afirmó que mantiene una política de cooperación con organismos internacionales, aunque subrayó que dicha colaboración debe basarse en diagnósticos que reflejen la realidad actual del país.
