El gobierno de México evalúa incorporar un caso reciente de tráfico ilegal de armas como prueba dentro de la demanda civil contra fabricantes y distribuidores en Estados Unidos, a quienes señala como cómplices de cárteles mexicanos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El caso documentado expone un patrón de adquisición y desvío de armas, que conecta compras legales en Estados Unidos con el abastecimiento de grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, mediante intermediarios que compran armamento y lo introducen ilegalmente a México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores revisa si este caso aporta elementos jurídicos clave para reforzar la demanda, enfocada en demostrar que la industria armamentista facilita el tráfico ilícito hacia México.

El análisis permitió detectar coincidencias entre armas decomisadas y registros de venta en EU, lo que aporta evidencia sobre trazabilidad, fallas en supervisión y prácticas comerciales irregulares.

Con ello se busca fortalecer el argumento de que la industria armamentista no solo participa en el mercado legal, sino que también opera en condiciones que permiten el flujo de armas hacia redes criminales.

Autoridades federales han señalado que el crimen organizado en México utiliza armamento proveniente de Estados Unidos, lo que configura un problema binacional con impacto en la seguridad pública.

La estrategia legal pretende demostrar que prácticas de venta y distribución facilitan el desvío de armas, vinculando a la industria con los niveles de violencia en México.

El gobierno mantiene además una estrategia diplomática con Estados Unidos para reforzar el control del tráfico de armas, mientras continúa el litigio en tribunales estadounidenses.