México y Estados Unidos acordaron un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, en apego al Tratado de Aguas de 1944, como respuesta a la sequía extrema que afecta a la región fronteriza y bajo un enfoque de cooperación binacional sustentado en criterios técnicos y políticos previamente establecidos entre ambas naciones.

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El entendimiento definió una ruta conforme a los mecanismos previstos en el Tratado, con pleno respeto a la soberanía de los dos países, y colocó como ejes centrales la garantía del derecho humano al agua y a la alimentación, así como la protección de las comunidades asentadas en territorio nacional que dependen directamente del recurso hídrico.

La postura mexicana confirmó la disposición de asegurar la entrega de una cantidad mínima anual convenida, condicionada a las variables hidrológicas de la cuenca, priorizando el abastecimiento para consumo humano y el sostenimiento de la producción agrícola, sin comprometer la seguridad hídrica interna ni los principios rectores del acuerdo internacional.

El plan técnico permitirá fortalecer una gestión ordenada del recurso, al incorporar criterios de previsibilidad, corresponsabilidad y adaptación frente a los efectos del cambio climático, además de abrir la puerta a infraestructura hidráulica y acciones de largo plazo orientadas a mitigar los impactos recurrentes de la sequía.

A través de un comunicado, el Gobierno de México reiteró su compromiso con el Tratado como instrumento que salvaguarda los intereses nacionales y ofrece un marco de estabilidad para la relación bilateral, al tiempo que protege las actividades productivas y agrícolas que dependen del Río Bravo.

La coordinación interinstitucional involucró a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua, como parte de una estrategia integral de política hídrica y diplomacia técnica.

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Desde la perspectiva bilateral, el acuerdo refuerza la cooperación técnica entre ambos países, al tiempo que reconoce la soberanía de cada nación sobre sus decisiones internas, sin desvincularlas de los compromisos adquiridos en materia de agua transfronteriza.

El Gobierno de México reiteró que el Tratado de 1944 continúa como un instrumento vigente y funcional para proteger los intereses nacionales, ordenar la relación hídrica con Estados Unidos y sostener las actividades agrícolas y productivas en el norte del país.