Antes de irse la 4T quiere dejar que las concesiones mineras se den con mecanismos oscuros y pocos transparentes. Y entonces crecerán las operaciones ilegales.
La 4T se va y quiere dejar amarrada la prohibición de la minería a cielo abierto junto con el paquete de reestructuración del Poder Judicial y la extinción de los organismos autónomos, entre otros. Si bien estos asuntos serán discutidos hasta septiembre cuando reinicie la legislatura, se cuestionan los mañosos asegunes que la propuesta incorpora.
La trampa que encontramos es que en la iniciativa se añadió la posibilidad de firmar contratos y otorgar concesiones “en los casos que excepcionalmente determine el Ejecutivo federal a través del comité que señale la ley, por su carácter estratégico para el desarrollo nacional”.
“Excepción”, “carácter estratégico” y “desarrollo nacional” se suman a “seguridad nacional” como conceptos para justificar las acciones menos claras del gobierno. Este añadido o excepción para otorgar las concesiones mineras a cielo abierto viene a formalizar el palomeo y la omisión de la ley.
Una muestra de esto es que el ejército explota minas a cielo abierto en la selva, de ahí extraen materiales pétreos para el Tren Maya; sin embargo, para la Sedena no aplica cumplir con la ley presentando las Manifestaciones de Impacto Ambiental a la Semarnat, que encabeza María Luisa Albores: todo se viene arreglando con un “permiso provisional”, de la propia secretaría, que carece de valor legal y que ninguna empresa privada podría tener.
Es evidente que, desde el gobierno, esta dispensa para el cumplimiento de la ley seguirá siendo selectiva. Además, es sabido que de las minas a cielo abierto se extraen rocas industriales y ornamentales, y prohibirlas impactaría a la industria de la construcción.
También está el caso de las salineras. Recordemos que México pagó 1,500 millones de dólares a la japonesa Mitsubishi para comprar su participación de 49% y poder afirmar que se nacionalizó a la empresa Exportadora de Sal, ubicada en Guerrero Negro, Mulegé, Baja California Sur. Seguro que, aunque también se trate de una mina a cielo abierto, se le dispensará el cumplimiento de la ley por su “carácter estratégico para el desarrollo nacional”.
Frente a estos ejemplos, uno se pregunta si la industria minero-metalúrgica no es considerada como estratégica por el gobierno y qué se necesita para ser reconocida como tal, porque es el principal insumo de más de 70 industrias como la automotriz, aeroespacial, médica, de alimentos, entre muchas otras.
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, el Colegio del mismo nombre y la Cámara Minera de México siguen alertando sobre los riesgos de que la iniciativa de reforma constitucional que busca prohibir la minería a cielo abierto permanezca tal cual: se perderían más de un millón de empleos formales; generaría una contracción económica por 250 mil millones de pesos anuales; comprometería más de 30 mil millones de pesos en aportaciones fiscales, y restringiría el papel de México como productor de nueve minerales críticos para Norteamérica en el marco de la transición energética.
Y algo sumamente importante: desalentará a la minería formal y persistirán las operaciones mineras informales, que carecen de estándares de seguridad y medioambientales. El silencio ha sido la única respuesta de la administración que termina.
