El Senado de la República se encamina a discutir la reforma a la Ley de Amparo sin un ejercicio de parlamento abierto, luego de que la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez y el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Adán Augusto López Hernández, cerraron la puerta a la propuesta del senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, quien había insistido en abrir un proceso de consulta con especialistas, juristas y sociedad civil.

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Tanto la presidenta como el coordinador de los senadores de Morena coincidieron en que la iniciativa será discutida en comisiones en los próximos días y que el Pleno la conocerá hacia finales de septiembre o principios de octubre, con la expectativa de que quede aprobada en ese mismo periodo legislativo.

Corral Jurado advirtió que se trata de una de las reformas más importantes del sexenio, pues toca al juicio de amparo, considerado el instrumento más relevante de protección de derechos en México y reconocido internacionalmente como aportación del sistema jurídico nacional.

Señaló que una discusión amplia y transparente, ya fuera mediante parlamento abierto o consultas especializadas, permitiría fortalecer el dictamen y explicar con claridad los propósitos de los cambios. Afirmó que un mecanismo de este tipo ayudaría a evitar confusiones y a dar certeza sobre temas delicados, como el interés legítimo y la tutela de derechos colectivos, entre ellos los ambientales.

Recordó además que, en reformas anteriores, como la de telecomunicaciones y radiodifusión, abrir el debate derivó en mejores dictámenes.

Aunque forma parte de la bancada de Morena, Corral Jurado se desmarcó al insistir en que la reforma no debe procesarse sin debate público. Planteó que abrir la discusión sería una oportunidad para fortalecer el trabajo legislativo y evitar el riesgo de restringir derechos fundamentales.

“Un mecanismo de consulta y discusión abierta favorece a la reforma y fortalece al propio Congreso“, dijo, al asegurar que sostendrá conversaciones con los presidentes de las comisiones dictaminadoras de Justicia y Estudios Legislativos Segunda para insistir en la apertura del debate y buscar que se incorpore la voz de especialistas en el proceso.

En contraste, Castillo Juárez desechó la posibilidad de convocar a un parlamento abierto al argumentar que la propuesta de la presidenta de la República proviene de un proceso de consultas iniciado desde la reforma judicial de 2024, en el que se recogieron opiniones de expertos y ciudadanía.

Defendió que la iniciativa busca agilizar trámites, digitalizar procedimientos y, sobre todo, evitar abusos como los amparos sucesivos que han permitido a particulares evadir obligaciones fiscales durante décadas.

“No puede ser que un amparo sobre otro amparo prolongue por 20 años el incumplimiento de responsabilidades, particularmente en el pago de impuestos“, explicó.

Por su parte, López Hernández, quien también es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, indicó que no hay tiempo para organizar un parlamento abierto.

Por lo anterior dijo que la ruta legislativa es clara, por lo que la iniciativa será procesada en comisiones unidas y llevada al Pleno en el plazo señalado, con la meta de que quede aprobada a más tardar en octubre.

El PRI acusa que cerrar el debate confirma que es una reforma a la medida del gobierno

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños acusó que la negativa a abrir la discusión confirma que se busca imponer una reforma hecha a la medida del gobierno.

Aseguró que la reducción del alcance del amparo pretende limitar la participación de colectivos y eliminar figuras como la suspensión provisional, esenciales para la defensa ciudadana. Recordó que en ocasiones anteriores los ejercicios de parlamento abierto terminaron en “simulaciones” donde no se modificó una sola coma de las iniciativas.