La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México propuso aumentar la pena de seis a 11 años de prisión a quienes cometan fraudes inmobiliarios, pues es un delito en contra del derecho a adquirir una vivienda digna que va creciendo alarmantemente.

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En el marco de la cruzada emprendida por Morena contra los fraudes inmobiliarios y el llamado Cartel Inmobiliario, la presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, Ana Buendía García, consideró necesario agravar las penas contra este ilícito con una reforma al Código Penal local.

Explicó que el acceso a una vivienda digna se ha vuelto un desafío por el encarecimiento del mercado inmobiliario y otros factores, incluyendo la alta demanda de propiedades, la limitada oferta de terrenos y la especulación inmobiliaria. Como resultado, los precios de las viviendas han aumentado significativamente y propiciado delitos, ofreciendo propiedades en venta o alquiler a precios sorprendentemente bajos.

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Añadió que estos fraudes se facilitan con otros delitos conexos, como la suplantación de identidad y también que los delincuentes usan tecnologías para crear documentos falsos y hacerse pasar por propietarios legítimos.

A este panorama se suman los remates bancarios, mediante empresas fraudulentas anuncian inmuebles a precios atractivos para atraer a compradores incautos, a quienes solicitan un adelanto o incluso el pago total de la propiedad sin que los compradores verifiquen la autenticidad de la oferta y cuando reciben el dinero desaparecen.

La legisladora de Morena informó que, de acuerdo con reportes de medios de comunicación, los intentos de fraude inmobiliario en línea han aumentado 70 por ciento tan solo en 2024.

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Y es que, los estafadores utilizan plataformas digitales para ofrecer propiedades ficticias a precios atractivos, engañando a los compradores con documentos falsificados y promesas falsas, y desde luego, consideramos que la falta de regulación en el sector y la creciente confianza en las transacciones en línea han contribuido a este aumento alarmante de fraudes.

Por todo ello, continuó Buendía García, la iniciativa propone adicionar una fracción XVII al artículo 231 del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de fraude. Esta adición penalizará de 6 a 11 años de prisión o de acuerdo al valor de lo defraudado en el artículo 230, para establecer que, con la intención de obtener un beneficio económico indebido, engañe, simule, manipule, venda o pretenda hacerlo, o induzca al error a otra persona respecto a la existencia, condiciones, valor o derechos sobre inmuebles ofrecidos en subasta o remate por instituciones bancarias o financieras.

A la iniciativa se suscribieron las diputadas Diana Barragán, Rosario Morales, Judith Venegas, Erika Rosales, Diana Sánchez y Claudia Ramos, así como el diputado Israel Moreno.