Plantea la creación de un banco de suelo y un parque público de vivienda en arrendamiento para garantizar el acceso
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Morena propone reformar Ley de Vivienda para darle carácter social
La diputada local Valentina Batres propuso reformas legales para avanzar hacia un nuevo modelo de política habitacional, que asuma el derecho humano a la vivienda como un mandato vinculante y que propone la creación de un Banco de Suelo.
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La iniciativa de reformas a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México señala que este banco será el encargado de la identificación, adquisición, gestión y reserva de suelo urbano o urbanizable con vocación habitacional, destinado preferentemente a la producción pública de vivienda, vivienda en renta asequible o proyectos de interés social con criterios de equidad territorial y para evitar la especulación inmobiliaria.
Para dar cabida al proyecto de vivienda impulsado por el gobierno federal y replicado por el gobierno capitalino, plantea incorporar como obligación de la política habitacional el fortalecimiento de la producción pública directa de vivienda, su financiamiento multianual y la creación de un parque habitacional en arrendamiento asequible con criterios de equidad territorial.
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También propone garantizar la aplicación efectiva de mecanismos de captura de plusvalías, para reinvertir en infraestructura habitacional, equipamiento urbano y servicios públicos en beneficio de las comunidades populares, y promover un enfoque de planeación democrática del territorio, que incorpore mecanismos de participación ciudadana vinculante en las decisiones de uso de suelo, programas habitacionales y definición de zonas de atención prioritaria.
De manera paralela, se creará el parque público de vivienda en arrendamiento, como un conjunto de inmuebles habitacionales construidos, adquiridos o gestionados directamente por el gobierno de la Ciudad de México para ser destinados a esquemas de renta asequible a largo plazo, con criterios de inclusión social y sustentabilidad.
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"Esto implica recuperar y fortalecer la capacidad del Estado para planear, producir, regular y garantizar vivienda adecuada con criterios de inclusión social, justicia distributiva, sostenibilidad territorial y participación democrática", dijo tras apuntar que se trata de promover la producción pública de vivienda como un eje estratégico de la política social urbana.
