Morena quiere entrar a su casa a ver qué, cuánto tiene y por qué

O Alfonso Ramírez Cuéllar se quedó en el viaje o su propuesta es un distractor.
Porque al absurdo manifiesto que hizo circular el domingo y que reiteró el lunes no puede calificársele de otra forma: que el INEGI o el organismo que sea -así lo dijo- tenga facultades para entrar a la casa de cualquiera, a las cuentas de cualquiera y a los estados financieros de cualquiera.
Progresividad fiscal, le llama.
El documento es oficial, está redactado en hojas con el logotipo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y firmado por él, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
¿Y el derecho consagrado en la Constitución sobre la propiedad privada?
¿Qué pretende este brillante legislador, que se metió con todo y caballo a la Cámara de Diputados hace algunos ayeres, lo que constituye uno de sus más grandes logros?
Quiere una reforma constitucional para constituir una especie de policía contra la riqueza.
¿Qué es un pecado ser rico?
Siempre y cuando esa riqueza o posición económica no sean producto de algún ilícito, deben ser respetadas.
Dice el dirigente morenista que no se pretende despojar, incautar o despojar a los poseedores de sus bienes, sino conocer cuánto tienen y cómo lo consiguieron.
Para ello ya existe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la que se le presentan las declaraciones de impuestos vía el Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encargada de dar seguimiento a operaciones sospechosas.
Ayer, Ramírez Cuéllar se dedicó todo el día a defender su propuesta que, dice, tenía ya lista como iniciativa en San Lázaro antes de salir disparado hacia Morena.
– Se trata de justicia entre quienes tienen miles de millones de dólares y quienes no tienen nada.
Y dice que Morena está generando riqueza con su gobierno.
Cita que si se conoce la pobreza y la pobreza extrema, por qué no se ha de conocer la riqueza y la riqueza extrema.
Y remata: “No estamos buscando ni expropiar”.
Lo que no menciona es que, efectivamente, se hacen encuestas – el Censo de Población y Vivienda, interrumpido, por cierto, por la pandemia, es fundamental- y seguimiento de la situación económica de los hogares en México, pero no se tiene acceso ni se solicita a las cuentas ni a las propiedades ni a información absolutamente confidencial y privada.
El Banco de México (Banxico) y el INEGI llevaron a cabo en 2019 la Encuesta sobre las Finanzas de ENFIH, para conocer los ingresos y los gastos de los mexicanos.
-La ENFIH nos ayudará a responder preguntas como: ¿Cuánto y cómo ahorran los hogares mexicanos? ¿Tienen los mexicanos suficientes recursos para su jubilación? ¿Cuántos hogares de nuestro país están en condiciones de hacerse de una vivienda propia? ¿Son suficientes los ingresos de los hogares mexicanos para cubrir sus deudas?
Por ningún motivo se les pedirá copia de estos documentos, ni se les preguntarán números de cuenta ni datos de identificación personal.
Todas las entrevistas serán anónimas y bajo ninguna circunstancia se revelarán los nombres de las personas que participan, ello en apego a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, dice el Banxico en la dirección https:www.banxico.org.mx/enfih/
¿Lo sabrá Ramírez Cuéllar?
-… El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) debe de tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata de sólo dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance.
El INEGI debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con que cuenta cada mexicano.
El INEGI también debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda información financiera y bursátil de las personas.
Dice el brillante diputado con licencia que trabaja con la izquierda, pero cobra con la derecha y que hoy es dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dice el comunicado del dirigente.
Ayer, defendió su idea:
-No hay abuso, proque tienen que quedar perfectamente las reglas.
Así como sabemos cuáles son los pobres y los pobres en pobreza extrema, también pudiéramos saber cuál es la situación de quienes tienen miles de millones.
Seguramente entrarían en primer lugar a las 28 casas y departamentos de Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ex gobernador de Puebla, ex senador y ex secretario de Educación Pública -entre otros cargos-, y a quien le hallaron una fortuna que ronda 800 millones de devaluados pero útiles pesos.
La propuesta generó rechazo y hasta náuseas.
Marko Cortés, líder del PAN, dijo que es un distractor frente a la crisis que enfrenta el país por Covid-19.
El PRI advirtió que atenta contra los derechos en la Constitución y la calificó de fuera de lugar.
Y el que se zafó fue Ricardo Monreal Avila, coordinador de los senadores de Morena, quien en un video aseguró que no existe iniciativa alguna en la materia.
-No existe iniciativa alguna para dar nuevas facultades al INEGI o al SAT para dar facultades y observar patrimonio , riqueza o capital. Les ofrecemos que cualquier nueva disposición la vamos a discutir así que actuaremos con prudencia y responsabilidad. Actuemos con prudencia.
Bien calificada 
Cristina Díaz, alcaldesa priísta de Guadalupe, Nuevo León, se ubica entre los veinte presidentes municipales mejor calificados del país.
Es la segunda, sólo detrás de María Teresa Jiménez, de Aguscalientes.
Su trabajo en esta pandemia, en coordinación con los empresarios y los habitantes del municipio le ha sido reconocido.
Vámonos: No se confíe. Quédese en casa.
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