Movimiento Ciudadano presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para establecer sanciones de entre el 10% y el 35% del valor comercial de los desarrollos inmobiliarios, así como la suspensión o clausura de obras, contra quienes realicen la venta anticipada e ilegal de terrenos, lotes o unidades habitacionales sin contar con permisos ni licencias.

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La propuesta, argumentaron, busca frenar una práctica que deja a miles de compradores sin certeza jurídica y provoca la pérdida de su patrimonio, además de favorecer la proliferación de asentamientos irregulares sin servicios básicos ni planeación urbana.

En México, los fraudes inmobiliarios por estas operaciones han generado pérdidas estimadas en 600 millones de pesos al año, con más de 100,000 carpetas de investigación abiertas y un incremento de 20% en algunas regiones durante 2024, de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Tan solo en 2024, se identificaron más de 3 mil 800 casos, el 70% de ellos concretados por medios digitales, siendo las ciudades más afectadas Ciudad de México, Estado de México y su zona conurbada, Guadalajara, Monterrey, Mérida y Guanajuato.

El grupo parlamentario, a través de la diputada Virginia Reyes de la Torre, señaló que del total, el 75 por ciento de los fraudes correspondió a arrendamiento y el 25 por ciento en la compraventa de inmuebles. Planteó que la reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano va a prohibir de forma expresa la promoción, comercialización y venta anticipada de proyectos inmobiliarios sin contar con la autorización, licencia o permiso administrativo correspondiente.

La legisladora expuso que esta práctica vulnera la seguridad patrimonial, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sustentable, por lo que el Estado debe establecer mecanismos claros y eficaces para prevenirla, controlarla y sancionarla.

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La propuesta prevé mecanismos permanentes de colaboración entre los tres órdenes de gobierno, intercambio de información, recepción de denuncias ciudadanas, verificaciones conjuntas, capacitación y apoyo técnico, así como la armonización legislativa local para aplicar la norma de manera uniforme en todo el país.

También contempla plazos de 180 días para que autoridades estatales y municipales adecuen su legislación y de 120 días para que la autoridad federal diseñe programas de capacitación y asistencia técnica.