Muestra miseria del sistema de justicia, liberación de policías de caso Igual: Segob

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, acusó que la resolución judicial, que permitió la liberación de 24 detenidos por el caso Iguala, es muestra de la miseria y podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de la justicia en el país.

Consideró como una afrenta del juez Samuel Ventura a los trabajos de investigación que realiza el gobierno federal, ya que no observó la jurisprudencia de que la declaración obtenida por tortura obliga a reponer el proceso pero a usar el resto de las pruebas, pues subsisten las responsabilidades por los delitos cometidos.

En conferencia de prensa, Alejandro Encinas expresó que estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la justicia.

“Es una burla a la justicia porque alimenta el silencia y la complicidad. Muestra la miseria y la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en el país que huele a podrido”, afirmó

También, agregó, habla de tortura, pero no finca ninguna responsabilidad a los supuestos torturadores”, denunció en conferencia.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, anunció la liberación de 24 presuntos implicados en el caso Ayotzinapa, con estos están en libertad 77 de 142 sospechosos que fueron arrestados por la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en Guerrero en septiembre de 2014.

Los padres de los estudiantes y los abogados de las familias criticaron esta semana la lentitud de la fiscalía y su falta de colaboración para evitar nuevas excarcelaciones, todas producidas debido a numerosos errores en la investigación.

Además, indicaron de las inconsistencias y violaciones al debido proceso, incluidas torturas, que fueron evidenciadas tanto por la justicia mexicana como por investigadores de la ONU y la Organización de Estados Americanos.

La liberación más impactante fue la de Gildardo López Astudillo, ‘El Gil‘, a finales de agosto, principal sospechoso de la desaparición de los jóvenes, y quien obtuvo la primera sentencia absolutoria de un caso en el que nadie ha sido condenado todavía.

Los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014 cuando fueron secuestrados por policías municipales que los entregaron a un grupo del crimen organizado, Guerreros Unidos, cuyo jefe en esa localidad era ‘El Gil’.

Los padres de los desaparecidos pidieron esta semana al presidente Andrés Manuel López Obrador que se inicien procesos penales contra los funcionarios involucrados, se agilice la colaboración de la fiscalía con la Comisión de la Verdad que inició sus trabajos en enero, y que se ordene al ejército que conteste las más de 100 preguntas que los abogados les han hecho y que, cinco años después de los hechos, siguen sin respuesta.

La Fiscalía Federal emitió un comunicado el sábado por la noche en la que se decía dispuesta a presentar “todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones” pero no anunciaron la apertura de nuevos procesos.