Cuartoscuro PATRICIA RAMÍREZ
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En México, de acuerdo con cifras oficiales, al cierre de 2022 había más de 226 mil personas privadas de la libertad en centros penitenciarios federales y estatales, de las cuales 12 mil 153, es decir, 5.6 por ciento eran mujeres. En ese año, cerca de la mitad de las privadas de su libertad no contaban con sentencia; 30 por ciento tuvo que esperar dos años o más para recibirla, señalaron especialistas.
El secretario general del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mauricio Padrón Innamorato, explicó que en el caso de los hombres las proporciones descendían al 30 por ciento y al 27 por ciento, respectivamente, lo que muestra que ellas se enfrentan con mayor frecuencia a instituciones anquilosadas que perpetúan sistemas de discriminación y violencia en su contra.
Por ello, consideró indispensable fortalecer la investigación académica y promover políticas públicas más efectivas para garantizar el derecho a la reinserción social de las mujeres que salen de prisión y enfrentan graves condiciones de desigualdad y discriminación.
Durante los trabajos del Foro derecho al porvenir, mujeres excarceladas del sistema penitenciario, el funcionario universitario indicó que, como parte de la lucha por la reivindicación de los derechos y la igualdad de género, es necesario poner en el centro de la discusión este tema.
Subrayó que al integrarse a la sociedad padecen situaciones de inequidad y pobreza más complejas y difíciles, además de que dedican tres veces más tiempo al trabajo de cuidado no remunerado, en comparación con los hombres. Asimismo, las tasas de participación laboral son menores para ellas.
Durante su estancia en prisión les es más difícil mantener sus redes de apoyo familiar y social, pierden el vínculo con el exterior porque no hay nadie que mantenga esa relación; en cambio, cuando los hombres están recluidos son ellas quienes sostienen esos lazos para ellos, manifestó.
