La Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad acordó asignar a los gobiernos municipales la obligación de garantizar la disponibilidad de espacios de estacionamiento para personas con discapacidad.
Esta responsabilidad implica que los municipios deben asegurar que las entradas de espacios públicos, incluidos hospitales, centros comerciales, edificios gubernamentales y áreas recreativas dispongan de lugares de estacionamiento cercanos a las puertas principales, facilitando así un acceso ágil y cómodo para personas con movilidad limitada.
Durante la sesión ordinaria, la comisión del Senado, presidida por la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, aprobó con modificaciones la minuta que reforma la Ley General de Movilidad Vial.
La legisladora destacó que esta disposición se sustenta en los principios de inclusión y accesibilidad establecidos en la Constitución, en las leyes reglamentarias y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.
En su intervención, Gutiérrez Escalante subrayó que garantizar la accesibilidad en espacios públicos no solo responde a un mandato legal, sino también a una obligación ética con las personas con discapacidad.
Como parte de los ajustes al dictamen, la comisión eliminó la disposición que establecía que “las nuevas construcciones deberán garantizar estas características”, al considerar que las normas en materia de construcción no corresponden al objeto de la Ley General de Movilidad Vial.
La presidenta de la comisión explicó que este tipo de especificaciones deben atenderse en otros marcos legales especializados en desarrollo urbano y edificaciones.