No descarta presidenta de la Cámara de Diputados sesionar en una sede alterna, ante bloqueos

Ante el amago de decenas de organizaciones de impedir el desarrollo del trabajo legislativo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas, no descartó la posibilidad de buscar una sede alterna para sesionar, en caso de que se impida el acceso a los legisladores, en la víspera de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Luego de una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la legisladora explicó que se privilegiará el diálogo ante todo, pero en caso de que esté en riesgo la seguridad de quienes acuden a San Lázaro o de los propios trabajos legislativos, se tomarán medidas adicionales.
Subrayó la necesidad de salvaguardar el derecho a la libertad de manifestación y expresión pero, al mismo tiempo, la seguridad de todos quienes están en el recinto de San Lázaro, así como el trabajo parlamentario.
“Yo no descartaría ninguna posibilidad, porque se trata de garantizar el procesamiento de los temas, particularmente el presupuestal, que es muy importante. Yo no descartaría nada, siempre y cuando garantice el respeto a la libertad de expresión, de manifestación y, al mismo tiempo, el procesamiento de los trabajos legislativos”, dijo.
Sobre los bloqueos en la periferia del palacio legislativo, la diputada subrayó que el protocolo interno, de reciente creación, para atender este tema ha funcionado y es lo que le corresponde a la mesa directiva.
De la situación al exterior de la Cámara, afirmó, se abordará por medio de decisiones conjuntas entre los coordinadores parlamentarios y la mesa directiva.
Afirmó que “siempre estamos abiertos a escuchar a los manifestantes y es responsabilidad de la Mesa tratar de generar los canales de diálogo entre ellos y los diputados, que son los responsables de resolver, sobre todo los que tienen que ver con el tema particular del presupuesto”.
Informó que se instalarán mesas de diálogo, tanto con organizaciones campesinas como alcaldes y precisó que los manifestantes tienen derecho a ser escuchados, al igual que los alcaldes, quienes representan un mandato ciudadano; es decir, fueron electos y necesitan cumplir las demandas de sus localidades.