La directriz, atribuida a Aakash Singh, busca acelerar procesos judiciales contra funcionarios mexicanos, aun con riesgo de tensiones diplomáticas con el gobierno de Claudia Sheinbaum.
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Gobierno de E.U endurece acciones judiciales contra políticos vinculados a cárteles
Por: Roberto Cortez
El Departamento de Justicia de Estados Unidos instruyó a fiscales federales a ampliar las acusaciones contra políticos mexicanos sospechosos de colaborar con cárteles del narcotráfico, según un reporte publicado por The New York Times. El diario sostiene que la directriz incluye triplicar los casos abiertos y explorar cargos por terrorismo.
El reporte atribuye la instrucción a Aakash Singh, subprocurador general adjunto, durante una llamada con los 93 fiscales federales del país. Según el diario, el funcionario planteó acelerar procesos contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales, aun si la medida provoca tensión diplomática con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Citan fuente anónima
The New York Times cita a una fuente anónima que atribuye a Singh la frase: "Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con miseria y veneno". El mismo testimonio le atribuye otra declaración sobre un posible costo político para el gobierno mexicano.
Narcos ya se consideran terroristas
La publicación se inscribe en el endurecimiento de la política de seguridad de Washington desde que la administración de Donald Trump designó en febrero de 2025 al Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esa clasificación abrió la puerta a cargos más severos contra presuntos operadores y colaboradores.
El 29 de abril, fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron cargos por narcotráfico y armas contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, según el contenido que compartes. Ese expediente no incluyó acusaciones por terrorismo, aunque el nuevo enfoque descrito por el diario apunta a expandir ese criterio penal.
Si se confirma la directriz, el movimiento implicaría una escalada judicial con impacto diplomático entre México y Estados Unidos. El reporte describe una estrategia que traslada la presión bilateral del terreno político al penal, con foco en funcionarios públicos presuntamente vinculados con estructuras criminales.
