La mandataria estatal se presentó para rendir su declaración en calidad de testigo dentro de la carpeta de investigación de la FGR
Por: Citli Toribio
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos llegó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) esta mañana para testificar sobre el caso del narco laboratorio hallado el pasado 18 de abril en el estado que gobierna.
Campos Galván, asistió acompañada de diputados federales y se dio a conocer que sus abogados estarán atendiendo el citatorio en Ciudad Juárez.
Esta investigación que alcanzó a la gobernadora del estado comenzó luego de uno de los aseguramientos de droga más relevantes registrados recientemente en la entidad de Chihuahua.
A su llegada y en declaraciones previas, Maru Campos calificó la actuación de la FGR como un acto de "persecución política" orquestado desde el Gobierno Federal.
APOYO DEL PAN.
El ex candidato a la presidencia de la república, Ricardo Anaya respaldó a Maru Campos. Foto: Cuartoscuro
La mandataria estatal se presentó para rendir su declaración en calidad de testigo dentro de la carpeta de investigación que busca esclarecer la presencia y fallecimiento de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense.
La mandataria chihuahuense apuntó que el citatorio original presentaba diversas incongruencias inconstitucionales y acusó un "doble rasero", comparando su situación con la de otros mandatarios como el sinaloense Rubén Rocha Moya.
El caso dejó de centrarse únicamente en el combate al narcotráfico, luego del surgimiento de versiones sobre la posible participación de agentes de la CIA en las labores que competían con el operativo.
Acompañada por su asesor jurídico, Roberto Gil Zuarth, y respaldada por liderazgos nacionales del Partido Acción Nacional (PAN) como Jorge Romero y Ricardo Anaya, Campos Galván llegó alrededor de las 10:00 horas vestida con un saco rojo a la sede fiscal de la colonia Doctores.
La Fiscalía federal investiga presuntos delitos contra la seguridad nacional, ya que se busca determinar bajo qué marco legal operaban los agentes extranjeros en el país sin la debida notificación o permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
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