El gobierno enviará al Congreso una reforma electoral para crear una comisión del INE que consulte a instancias de seguridad y procuración de justicia sobre aspirantes con posible riesgo de vínculos con delincuencia organizada
Proponen filtro del INE para detectar candidaturas con riesgo criminal

Por: Roberto Cortez
El gobierno federal enviará al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear una comisión de verificación de integridad de candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE).
La propuesta busca que los partidos políticos cuenten con información institucional sobre aspirantes con posible riesgo de vínculos con delincuencia organizada antes del proceso electoral de 2027.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE para un periodo de tres años.
El órgano serviría como enlace entre partidos políticos y autoridades federales de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para revisar perfiles de aspirantes.
Lista de contendientes electorales
El mecanismo contemplado permitiría a los partidos entregar de forma voluntaria listas de personas interesadas en competir por una candidatura.
La comisión consultaría esa información con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar si existe o no un riesgo razonable.
La propuesta establece que las autoridades consultadas no revelarían detalles de investigaciones ni expedientes específicos. Únicamente informarían si detectan o no un posible riesgo vinculado con actividades delictivas. La comisión comunicaría ese resultado al partido correspondiente, junto con la identificación de las instancias que emitieron la alerta institucional.
Proponen evaluación de candidatos electorales
Con esa información, cada partido político decidiría si mantiene o retira una eventual postulación. La iniciativa también plantea que toda persona aspirante firme de manera obligatoria su consentimiento para ser evaluada por este mecanismo, independientemente de que el partido decida activar o no la consulta ante la comisión.
Rumbo al proceso electoral de 2027
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la iniciativa responde a casos detectados desde el inicio de su administración en gobiernos municipales con presuntos vínculos criminales.
Citó investigaciones en Estado de México, Jalisco y Morelos. La mandataria sostuvo que se trata de casos aislados, pero argumentó que el sistema electoral requiere herramientas preventivas antes del arranque formal del proceso electoral de 2027.
La propuesta no implica una reforma constitucional, sino cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El gobierno busca que el Congreso discuta y apruebe la iniciativa en el próximo periodo extraordinario para que el mecanismo pueda considerarse antes del proceso electoral federal de 2027





