En la iniciativa se contempla modificar la fecha de los comicios para el 2028
Senado aprueba en lo general cambios a la reforma judicial

Por: Pilar Mansilla
Con 87 votos a favor y 41 en contra, el Senado aprobó en lo general la reforma que modifica diversos aspectos de la elección popular de jueces, magistrados y ministros impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La iniciativa plantea cambios al modelo de elección judicial aprobado en 2024, entre ellos aplazar de 2027 a 2028 la segunda etapa de renovación de cargos jurisdiccionales, establecer criterios homologados para la evaluación de aspirantes, reducir el número de candidaturas que llegarán a las boletas electorales, simplificar el diseño de éstas y fortalecer los mecanismos de capacitación para juezas, jueces, magistradas y magistrados.
Durante la discusión, Morena y sus aliados argumentaron que las modificaciones responden a la experiencia obtenida en la elección judicial celebrada en 2025 y buscan garantizar procesos más claros para los votantes, además de evitar la complejidad operativa que implicaría realizar de manera simultánea elecciones federales, estatales y judiciales en 2027.
El senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández afirmó que trasladar la elección judicial de 2027 a 2028 representa una decisión de "madurez jurídica" y "responsabilidad institucional", al considerar que la coincidencia de diversos procesos electorales podría afectar la organización de los comicios y la participación ciudadana.
En el mismo sentido, legisladores de Morena y del Partido Verde señalaron que la reforma fortalece la legitimidad democrática del Poder Judicial al mantener la elección popular de sus integrantes, incorpora mecanismos de capacitación permanente y busca hacer más comprensible el proceso para la ciudadanía.
La oposición sostuvo una posición distinta
Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que las modificaciones evidencian problemas que, afirmaron, habían advertido desde la aprobación de la reforma judicial original.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, afirmó que la reforma de 2024 no resolvió los problemas estructurales del sistema de justicia y sostuvo que la propuesta enviada por el Ejecutivo constituye un intento de corregir errores previamente señalados por la oposición.
También cuestionó que la elección judicial no haya estado acompañada de cambios en fiscalías, policías y otros órganos relacionados con la impartición de justicia.
Por su parte, senadores del PRI calificaron la iniciativa como una "reforma de la reforma" y señalaron que el oficialismo está corrigiendo aspectos que previamente había defendido. Argumentaron que la legislación original contenía contradicciones, vacíos legales y problemas operativos relacionados con la organización de las elecciones judiciales.
Los legisladores priistas también cuestionaron que la propuesta no incluya medidas para sancionar prácticas como la promoción de candidaturas mediante los llamados "acordeones", la inducción del voto o la participación de estructuras partidistas en los procesos de selección de perfiles judiciales.
Desde el PAN, Ricardo Anaya Cortés sostuvo que los cambios fortalecen el papel de los comités de evaluación en la definición de las candidaturas que llegarán a las boletas electorales y expresó preocupación por una posible concentración de decisiones en dichos órganos.
Asimismo, vinculó la discusión de la reforma con la necesidad de garantizar la independencia del Poder Judicial frente a intereses políticos.
En respuesta, legisladores de Morena rechazaron los señalamientos y afirmaron que la oposición busca mantener el esquema anterior de designación de integrantes del Poder Judicial. Argumentaron que la elección popular representa una forma de ampliar la participación ciudadana en la integración de tribunales y juzgados.
Entre los ajustes contenidos en el dictamen también se encuentra la reorganización del calendario electoral judicial para evitar que coincida con la renovación de 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos y diversos cargos jurisdiccionales federales y estatales previstos originalmente para 2027.