Luego de que Guadalupe Taddei cuestionara que el Instituto Nacional Electoral (INE) pudiera perder neutralidad si se le convierte en puente entre partidos políticos y áreas de inteligencia o procuración de justicia para revisar antecedentes de aspirantes, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el órgano electoral no tendría facultades para vetar ni calificar candidaturas.
Según explicó, la propuesta plantea que una comisión de consejeros funcione como canal institucional para consultar a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República cuando un partido solicite revisar riesgos sobre alguno de sus perfiles.
"La idea es que una comisión del INE de consejeros esté en contacto con las instituciones de inteligencia, investigación y justicia, quiénes son la UIF, la Fiscalía General de la República, para que si un partido político dice: ´yo quiero que investiguen a estos candidatos´, a través de esa comisión se le pregunte a las autoridades competentes", explicó.
Presidenta responde a la consejera
La presidenta insistió en que la decisión final seguiría en manos de los partidos políticos. Si las autoridades detectan elementos de riesgo, la información regresaría al partido solicitante, que decidiría si mantiene o baja la postulación. "No es que el INE vaya a resolver", remarcó.
La propuesta del gobierno surge en medio de la presión política por casos de candidatos vinculados con estructuras criminales que lograron competir o llegar a cargos públicos en procesos recientes. El intento oficial busca construir un filtro previo, pero el punto delicado es quién administra esa información y bajo qué controles, en un terreno donde inteligencia financiera, fiscalías y competencia electoral se cruzan.
Buscan concentrar consultas de partidos políticos
El diseño planteado por Sheinbaum convertiría al INE en ventanilla institucional para concentrar consultas de partidos políticos sobre sus propios aspirantes. Eso movería al árbitro electoral hacia un terreno distinto al de organizar elecciones: el manejo indirecto de información sensible sobre perfiles políticos, una zona que explica la incomodidad expresada desde el instituto.
La presidenta dejó abierta la puerta a ajustes legislativos y trasladó la pelota a la Cámara de Diputados, al reconocer que si la redacción genera confusión podría modificarse.